El Tribunal de Garantías Penales ratificó la decisión. Pidió que se investigue a policías y fiscales.
El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, presidido por el juez Wilson Caiza, ratificó la inocencia de los cincos procesados por el presunto asesinato de David Romo, un joven universitario que desapareció el 16 de mayo de 2013, y ordenó que se levanten todas las medidas que pesan sobre ellos.
Además, ordenó la investigación de todos los policías y fiscales que participaron en el proceso. Durante más de una hora, Caiza expuso cada una de las pruebas que habían sido presentadas por la Fiscalía en los 10 días de audiencia de juzgamiento, también consideró que existieron contradicciones o que los testimonios no aportaron para probar la teoría del caso.
Según el fiscal Andrés Cuasapaz, Romo fue capturado la noche de su desaparición, llevado a la clínica de rehabilitación Unión y Esperanza en el sector de Pisulí. Después de varios días fue asesinado y desmembrado. Finalmente, sus restos fueron incinerados hasta convertirlos en polvo.
Antes de ayer, el fiscal en su alegato final se ratificó en esa tesis y solicitó la pena máxima de 25 años de cárcel para los presuntos autores del asesinato: Carlos Londoño, dueño de la clínica y José Acebedo, un amigo. Además, pidió un tercio de la condena para los tres presuntos cómplices: Blanca Fueres, esposa de Londoño, y los internos Jonathan Rojas y Roberto Espinosa.
Sin embargo, el Tribunal determinó que al no existir el cuerpo de Romo, la Fiscalía debió presentar una prueba clara y que demuestre el presunto asesinato, lo cual no ocurrió. “No hubo prueba contundente”, indicó Caiza para después mencionar que “no hay el convencimiento de la existencia material del delito”, por lo que acogió el pedido de la defensa de los procesados y solicitó se emita las boletas de excarcelamiento.
En la resolución, el Tribunal llamó la atención a la Fiscalía por la falta de prueba y la deficiencia de la misma. Mientras que señaló que notificará al Consejo de la Judicatura el accionar del abogado Milton Castillo, defensa de la víctima, “por su deslealtad procesal”.
Críticas de involucrados
Los abogados de los procesados, quienes durante todo el proceso sostuvieron que la Fiscalía y la Policía forjaron pruebas, sobornaron y torturaron a personas, señalaron al escuchar la resolución, que se comprobó que no existía elemento alguno para condenar a los procesados.
Según Diego Chimbo, abogado de Fueres, lo que se evidenció en el juicio fue que “la Policía Judicial y la Fiscalía forjaron un caso. Se probó tortura para conseguir los testimonios, se falsificaron versiones, se sobornó a testigos para obtener información”.
EL DATO
La Fiscalía presentó 52 pruebas entre testimoniales y documentales.Él fue uno de los abogados que solicitó que se ordene una investigación policial por la falsificación de firmas y el pago a testigos.
Lo mismo señaló Israel Moreno, abogado de Londoño, quien se ratificó en que “quedó demostrada la falsedad de la Policía en inventar pruebas, fraguar testigos, utilizar recursos públicos”. Por esta razón, considera que la víctima, Alexandra Córdoba, madre de Romo “tiene todo el derecho de continuar con la investigación de su hijo” porque “la Fiscalía mintió a la víctima”.
También señaló que van a plantear una demanda en contra de los elementos policiales y los funcionarios que “fraguaron el proceso”. Para esto se reunirán y analizarán cómo proceder. (AGO)
Permanecen las dudas sobre la desaparición
° Al término del juicio, Alexandra Córdova, madre de David Romo, insistió que todavía no se conoce qué pasó con su hijo después de su desaparición y que no solamente se debe investigar a fiscales y policías, sino a todas las autoridades que “permitieron que toda esta farsa siga adelante” y que serían “cómplices de la negligencia y de las graves omisiones que durante cinco años y tres meses se han dado en el proceso investigativo”.
Su abogado, Milton Castillo, señaló que se debe continuar con el proceso de investigación de desaparición forzosa de Romo. Esta semana se presentó una demanda en la Fiscalía para que se abra una investigación en torno a la desaparición y no al asesinato. Inclusive el abogado de Carlos Londoño, Diego Chimbo, señaló que “la víctima necesita saber qué pasó con su hijo”.