Freddy Rodríguez
Durante la nefasta década correísta, se instauró en el país lo que algunos politólogos denominan una “democracia de baja intensidad”, es decir un régimen que, con un ropaje aparentemente democrático, en el fondo ocultaba un perverso autoritarismo, con una manipulación atroz de las leyes, y con injerencia absoluta en los demás poderes del Estado, cuyos funcionarios, con alguna que otra excepción, se postraron ante el mandamás, y adecuaron sus actuaciones a los designios del déspota. Quizá la muestra más palpable de esos abusos fue la tramoya montada a raíz de los lamentables acontecimientos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, ‘30S’, originados por la insubordinación de algunos miembros de la Policía Nacional, y potenciados al máximo por la intemperancia e irresponsabilidad del Presidente de ese entonces, cuyo desenlace cobró vidas de inocentes. A raíz de esos hechos, se desató en el país una vorágine propagandística para tratar de convencernos que hubo un intento de golpe de Estado, secuestro del Presidente y tentativa de magnicidio, y luego se utilizó a la Función Judicial para perseguir a mansalva a ciudadanos por ‘quítame esas pajas’, como por ejemplo al Coronel César Carrión, procesado por haber negado la hipótesis del secuestro, o al Mayor Fidel Araujo, por haber estado en el sitio equivocado en el momento equivocado, y a muchas otras personas por nimiedades. Ahora que ha pasado la ‘tenebrosa noche correísta’ (¿ha pasado?), urge un baño de verdad, y bien hacen las autoridades competentes en revisar estos hechos, para analizar, entre otras cosas, el uso de los recursos públicos en la vergonzante propaganda cuasi gobbeliana, con la que se nos atosigó día y noche con las teorías más absurdas del supuesto golpe, con spots sensibleros y ridículos como el de “La Megan” (la niña que supuestamente nació justo el 30S), o con festejos irracionales en cada aniversario de aquel día de tan ingrata recordación. También deberán ser investigados los fiscales y jueces que se prestaron para la persecución orquestada desde el poder y, de encontrarse responsabilidades punibles, ser sancionados, pero con la Constitución y la Ley en la mano.