El informe del Consejo de Participación ratifica la labor de la comisión evaluadora.
La resolución de 50 páginas con la que se rechaza el recurso de revisión interpuesto por los ahora exjueces de la Corte Constitucional (CC), confirma una serie de irregularidades.
Según el Consejo de Participación Ciudadana de transición, esto ocurrió en la designación y gestión de Alfredo Ruiz, Roxana Silva, Pamela Martínez, Manuel Viteri, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni, Francisco Butiñá y Wendy Molina con lo que se dio paso a su cesación definitiva del órgano constitucional.
En el caso de Ruiz, quien se desempeñó como presidente de la Corte, el Consejo transitorio ratifica que ocultó información relevante sobre posible conflicto de intereses a la Comisión Calificadora dentro del proceso de selección con lo que evidenció, consta en la resolución, “falta de honestidad y rectitud que debía acreditar para ser magistrado de la CC”.
Martínez también incumplió por no acreditar la documentación del puntaje en el desempeño de funciones y haber tenido conflicto de intereses corriendo el riesgo de que controle actos en los que pudo haber participado, ya que antes se desempeñaba como asesora del entonces Presidente, Rafael Correa.
10.000
demandas ciudadanas estuvieron represadas en la Corte Constitucional, según la investigación del Consejo de Participación transitorio.Un claro conflicto de intereses que identificó el Consejo transitorio se dio con Tatiana Ordeñana. En noviembre de 2012 pasó de consejera del Consejo de Participación Ciudadana a jueza constitucional. Ordeñana en su impugnación adujo que previamente a ser posesiona en el nuevo cargo presentó su renuncia al Consejo de ese entonces. Sin embargo, el pleno actual determinó que no es lo mismo presentar la renuncia a que esta haya sido conocida y aceptada, por lo que “… ejerció dos cargos públicos de forma simultánea”.
En el informe de evaluación Butiñá aparece como adherente al Movimiento PAIS. Él presentó un documento que confirma que en la actualidad no pertenece a ninguna organización política, pero no aportó pruebas de que en el pasado tampoco fue afiliado a alguna organización política.
El informe señala, en el indicador “aptitud del funcionario”, Wendy Molina no acreditó preparación profesional en materias afines a las funciones de la CC.
Conclusiones generales
Con esos antecedentes el pleno del Consejo transitorio determinó que los funcionarios del Consejo de Participación que designaron a los jueces constitucionales, de la Comisión de calificación y de las Funciones del Estado que les nominaron no eran independientes del poder central.
EL DATO
La Corte Constitucional entró desde ayer en una etapa de vacancia jurisdiccional por 60 días.Además, que los jueces evaluados no eran idóneos para el cumplimiento de sus funciones ya sea por falta de capacidad profesional o por probidad.
También se cuestiona el alto número de causas represadas. “El análisis no se puede enfocar en el lugar en el que se represan las causas dentro de la CC, sino en el hecho de que esto suceda, vulnerando los derechos de los ciudadanos e incumpliendo sus funciones como jueces constitucionales”.
En el informe se agrega que en la selección de las causas para su tratamiento se analizaban en el orden “que convenía o se adaptaban a los intereses particulares de los magistrados”. (HCR)