El documento aprobado en el Legislativo y criticado por varios sectores, no alcanzó al Registro Oficial.
El presidente, Lenín Moreno, dio ayer otro golpe. A través de una cadena nacional, anunció el envío de su propio proyecto de Ley Anticorrupción y dejó relegado el texto que fue aprobado por la Asamblea el mes pasado y que ha recibido las críticas de varios sectores.
¿Qué pasará ahora? El Legislativo deberá debatir la propuesta de Moreno y podría fusionarla con algunos aspectos de lo ‘bendecido’ por el Pleno. Todo dependerá de la nueva correlación de fuerzas.
Durante la cadena Moreno repitió mucho eso de la “cirugía mayor a la corrupción”.
La propuesta establece siete objetivos, como disponer a los organismos competentes que incauten los bienes a los corruptos, recuperar dinero mal habido, quitándoselo a quienes lo robaron.
Además, busca agilizar los procesos de repetición, para cobrar a los funcionarios responsables del mal manejo del dinero público.
El proyecto incluye recompensas por información para investigar hechos de corrupción; proteger a denunciantes, incluidos aquellos que reconozcan que incurrieron en sobornos. Y da un plazo de 90 días, sin sanción, para que quienes estén en posesión de un bien que no les pertenece, digan quién es el dueño.
Previo al anuncio de este proyecto, el exasambleísta César Montúfar cuestionó los términos en los que los asambleístas aprobaron la Ley anticorrupción, que a su criterio favorecía al sentenciado exvicepresidente Jorge Glas, porque modificaba la aplicación del delito de asociación ilícita, por el que cumple una condena de primera instancia.
30
días han pasado desde que se aprobó la Ley en la Asamblea. Además, aseguró que la línea 1-800 Delito será usada prioritariamente para recibir denuncias de corrupción e hizo un llamado a la ciudadanía para que ‘haga su parte’ y cuente estos casos.
“Ustedes han visto cómo ese vecino, que no se sabe en qué trabaja, guarda dos y tres autos de lujo en su garaje. Ustedes saben del dirigente, del político o del funcionario que tiene sueldo oficial, y adquiere casas y terrenos de la noche a la mañana. ¡Denúncielos!”, dijo Moreno.
Horas previas
Por la mañana, Moreno ya había dado luces de cómo acabaría el día. “En el nuevo Ecuador que hoy tenemos el honesto jamás debe sentir miedo, pero con los corruptos aplicaremos todo el rigor de la Ley”. Eso dijo durante la incorporación del país a la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por sus siglas en inglés).
EL DATO
La OGP es una iniciativa multilateral que se integró para luchar contra la corrupción. Ese organismo aglutina a más de 70 países y 15 gobiernos locales. “Estamos formando funcionarios que actúen de manera correcta, respetando y cuidando los bienes e intereses públicos, que son sagrados. Seguiremos luchando contra la corrupción: la de ayer, la de ahora…”, agregó Moreno.
Por eso considera necesario que se transparente y se permita el acceso a toda la información de manera que esta pueda llegar a personas acuciosas que puedan detectar los casos de corrupción.
Y pidió el apoyo de la prensa: “He tendido mi mano al periodismo ecuatoriano, a ustedes que les gusta investigar, que saben cómo hacerlo, que saben los procedimientos. Por favor, ayúdennos a descubrir los actos de corrupción; no permitiremos bajo ninguna circunstancia que se persiga a un periodista que investiga”, aseguró el mandatario. (JCER/ASC/HCR)
FRASE
Los delitos comunes matan personas. La corrupción mata a la sociedad y, sobre todo, destruye el futuro de nuestros hijos”. Lenín Moreno, Presidente de la República.
La propuesta del Ejecutivo
Los 7 puntos principales
° Incautar los bienes a los corruptos.
° Facilitar la recuperación del dinero mal habido, quitándoselo a quienes lo robaron.
° Agilitar los procesos de repetición contra el mal uso de dinero público.
° Dar una recompensa a quienes den información real sobre dónde esté el dinero y los bienes robados.
° Quienes incurrieron en sobornos podrán denunciarlo una vez sin sanción a los funcionarios que tomaron ese dinero.
° Proteger a los denunciantes de cualquier retaliación o acoso.
° Quienes posean bienes que no les pertenezcan tendrán 90 días para decir quiénes son los legítimos propietarios. Si lo hacen en ese tiempo no tendrán sanción por enriquecimiento injustificado.