“Los jueces estamos obligados a rendir cuentas de nuestros actos, a la sociedad a la que debemos, en un proceso con reglas preestablecidas, que cumplan con parámetros técnicos y apegados a la realidad jurisdiccional; que no pretenda someter al juzgamiento de comisiones las resoluciones del más alto órgano de administración de Justicia del país, poniendo en duda su legitimidad y ejecución, y en riesgo la seguridad jurídica”.
Esa fue la respuesta de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) a la evaluación que prepara el Consejo de la Judicatura. Los vocales temporales de la Judicatura todavía no aprueban los parámetros de evaluación y su presidente, Marcelo Merlo, ya ha indicado que podría existir el cese de funciones de algunos magistrados.
Los jueces y conjueces de la CNJ están en desacuerdo con que la Judicatura ponga en consideración las sentencias a organismos internacionales y que exista la posibilidad del cese de sus funciones.
De acuerdo con su presidenta Paulina Aguirre, los magistrados de la Corte cumplen un período de 10 años y únicamente pueden ser cesados al comprobarse “falta de ética o negligencia absoluta”.
Además, asegura que la evaluación, según la Ley Orgánica de la Función Judicial, tiene un objetivo de mejorar el servicio judicial, determinar si los jueces han despachado las causas asignadas y si se han desempeñado con ética.
Si los jueces no pasan dicha evaluación tienen 60 días para mejorar y después ser reintegrados, dijo Aguirre. “No es el objeto de la evaluación cesarlos en sus funciones”, agregó al tiempo de ratificar que están dispuestos a rendir cuentas y que sus activos sean revisados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y que los concursos sean examinados por la Contraloría General, como estableció la Judicatura.
No hay parámetros
La Judicatura únicamente ha aprobado dos parámetros de evaluación: legitimidad y transparencia. La definición sobre la metodología que se utilizará se ha aplazado porque inicialmente se iba a votar entre dos propuestas, una de la vocal temporal Angélica Porras y otra de la Escuela Judicial, pero después se añadió una adicional de Zobeida Aragundi. “No está claro cuál de las dos metodologías se utilizará, no están claros los parámetros de la evaluación”, reconoció Porras, quien además confirmó que inicialmente hubo una demora en definir si se evaluaba a la Corte o no.
EL DATO
El Pleno de la Judicatura estaba convocado ayer para tratar la evaluación, pero no sesionó.
“La evaluación de la Corte es una tarea muy compleja, hay que tomarse el tiempo que sea del caso. El problema está en que no se tome nunca una decisión”, puntualizó.
Por otro lado, el expresidente Rafael Correa se pronunció sobre las declaraciones de la CNJ y dijo que “parece que por fin reaccionan los jueces nacionales”. “Autorizo a cualquiera de ellos que denuncie si su nombramiento tuvo algún condicionamiento, o si, en realidad, ganaron limpiamente concursos nacionales. Es más, autorizo que digan si alguno de ellos siquiera me conoce”, dijo en su cuenta de Twitter. (AGO)