Redacción, QUITO
Con una exhortación al gobierno de Nicolás Maduro a que se abra al diálogo y un pedido de ayuda a los organismos de Cooperación Internacional, la tarde de hoy martes 18 de septiembre concluyó la Cita de Quito a la que se auto convocaron los Defensores del Pueblo de países latinoamericanos para tratar el éxodo venezolano.
A esta segunda iniciativa tras la reunión de cancilleres de la región en la capital ecuatoriana el 21 de agosto anterior Venezuela volvió a responder con un desaire al no enviar delegado alguno.
Con la silla vacía de la delegación venezolana, los Defensores y Responsables de entidades de protección de Derechos Humanos de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia y Brasil consensuaron sugerencias para que los gobiernos elaboren un denominado Plan Regional de Migración y Defensa de los Derechos Humanos a las poblaciones en Movilidad.
Los representantes explicaron que se trata de una estrategia con cinco medidas y políticas para garantizar la protección de niños no acompañados, mujeres víctimas de violencia, atención humanitaria, combate a la trata y tráfico de personas y prevención de xenofobia y discriminación.
A este conjunto de herramientas La Defensora del Pueblo de Ecuador, Gina Benavides, calificó como “insumos” o aportes para una segunda Reunión de Quito que los cancilleres prevén instalar en noviembre próximo con el propósito de evaluar el cumplimiento de acuerdos y compromisos.
“Esta reunión se hizo para contribuir específicamente a la población venezolana y fortalecer este proceso considerando que es importante que los estados han reconocido que es un problema regional”, declaró Benavides.
“Hay recomendaciones específicas de apoyo de la Cooperación Internacional no solo en función de la población venezolana o migrante sino para que los Estados articulen sus propios servicios de salud y educación”, añadió.
Raúl González, del organismo de Defensa de Derechos Humanos, Raúl González, sostuvo que de manera obligatoria se necesita que los estados articulen o coordinen la aplicación efectiva de medidas de protección.
Previo a firmar este documento los defensores analizaron informes que verifican la situación de vulnerabilidad en la que se movilizan por los países latinoamericanos los venezolanos que huyen de la crisis económica en su país: casi el 70% ingresan de manera irregular.
Las condiciones precarias en las que se movilizan: a pie, sin dinero, con hijos en brazos, “les empuja a una situación de vulnerabilidad sin acceso a servicios de salud, vivienda y educación y con riesgo de ser víctimas propicia de delitos de trata y tráfico de personas”, sostuvo Alexandra Moncada, representante de Care Ecuador, quien también participó en la cita.