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Parlamento nacional firmó acuerdo para combatir la corrupción

SEP, 20, 2018 |

Acuerdo. Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, firma el acuerdo en presencia del fiscal Paúl Pérez.

El Legislativo firmó un acuerdo con la Fiscalía, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
 

Un convenio de seis páginas fue firmado ayer entre la Asamblea Nacional, la Fiscalía General, Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico, en un esfuerzo para combatir la corrupción dentro del Parlamento. En especial, los ‘diezmos’ cobrados por asambleístas a sus asesores para costear cuotas de organizaciones políticas y otros gastos superfluos. 

“Nuestra decisión es tomar al toro por los cuernos y generar un mecanismo que marque prioridades en el trabajo que se debe realizar. Las entidades de control tienen la disposición de transparentar estos hechos e investigarlos a la brevedad posible”, comentó Elizabeth Cabezas, presidenta del Legislativo. 

En la actualidad, la Fiscalía General cuenta con cuatro denuncias formales: contra los exasambleístas Ángel Vilema y Leandro Cadena; y los parlamentarios en ejercicio Tito Puanchir y Sebastián Palacios. Mientras que la denuncia hecha por la exasesora Andrea Utreras, hacia la asambleísta Karina Arteaga forma parte del exhorto que realizó hace dos semanas la presidenta del Parlamento, Elizabeth Cabezas, para que se investiguen estos casos. 

“Nosotros vamos a pedir apoyo a la UAFE y Contraloría para tratar estos casos”, comentó el Fiscal General, Paúl Pérez Reina, quien también declaró en días pasados que la Fiscalía puede actuar “de oficio” en estas investigaciones. 

Una misma línea sigue la UAFE, con su directora, Diana Salazar, quien hace una semana, antes de comparecer ante la Comisión de Justicia de la Asamblea, comentó que desde su despacho “había un universo de investigaciones” con respecto al cobro de diezmos dentro del Parlamento. “Ustedes saben que nuestras acciones son reservadas. Una vez que tengamos los resultados, los entregaremos a los organismos competentes”, indicó Salazar. 

Dentro del convenio interinstitucional firmado se especifica que se establecerá un plan para priorizar la entrega de información y el trámite de los casos relacionados con actos irregulares. Además, las partes designarán un delegado que participará en reuniones periódicas que permitan establecer el avance de las investigaciones. El tiempo de vigencia del convenio es de un año.

“También, estamos trabajando en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Para establecer nuevos mecanismos legales en la función parlamentaria, y evitar que en el futuro se repitan estos hechos”, informó Cabezas. 
 

Denuncias
Un audio circuló por redes sociales y en él se escucha  presuntamente al asesor 2, Ángel Sotalín -del asambleísta Ángel Gende- pedir al resto del personal parlamentario “colaboraciones” para pagar comidas y transporte. Esto de cara a una actividad que se realizó el 24 de marzo en Santo Domingo de Tsáchilas. Gende ofreció una rueda de prensa para tratar de explicar lo ocurrido. 

“En ningún momento, de los 16 meses que llevo de trabajo parlamentario, le he exigido a mis asesores y personal administrativo que paguen algo. Pongo en manos de las autoridades el registro de mis cuentas y el listado del personal que trabaja conmigo. Con nombre o apellido. Yo no me voy a amilanar por esta persecución política”, comentó,

Gende hizo referencia a la investigación que se lleva en la comisión ocasional por el asesinato de Jorge Gabela. Dijo que esta denuncia podría estar relacionada con su trabajo. (JDC)
 

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