Los afectados por los hechos del 30 de septiembre de 2010 piden al Consejo de Participación transitorio que le permitan a los vocales temporales de la Judicatura que evalúen a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, después de que resolvieron suspender todo proceso de evaluación.
Ayer entregaron una carta dirigida al presidente, Julio César Trujillo, y a los consejeros explicando su preocupación de que los actuales jueces, que resolvieron en contra de ellos, elaboren una terna para ocupar el Consejo de la Judicatura permanente.
“Todos los que hemos sido perseguidos y sancionados por jueces presionados por el correísmo, tenemos el legítimo derecho de decir que no estamos de acuerdo con esta incrustación en la justicia de la mano de Correa y que todavía está ahí en las cortes, en las fiscalías, en la Judicatura. Se necesita una evaluación exhaustiva”, señaló Óscar Ayerve, presidente de la Asociación Víctimas del 30-S, antes de entregar el documento.
Según los afectados, la decisión del Consejo de Participación de impedirle a la Judicatura desempeñar su competencia de evaluar a los jueces “tiene dramáticas consecuencias en contra de las víctimas afectadas por la corrupción”.