30-S: comienza el ‘destape’ de la verdad

INVESTIGACIÓN. Dentro del caso de la muerte del policía Froilán Jiménez se hizo la reconstrucción de los hechos.
INVESTIGACIÓN. Dentro del caso de la muerte del policía Froilán Jiménez se hizo la reconstrucción de los hechos.

Este año se ha revelado información e iniciado indagaciones sobre la revuelta policial.

El 30 de septiembre de 2010 (30-S), ocurrió una revuelta policial en la que el expresidente Rafael Correa gritó desde una ventana del hospital: “Si quieren matar al Presidente, aquí está, mátenme”. Por la noche, durante un operativo militar para evacuar al exmandatario, se produjo un enfrentamiento entre las dos fuerzas del Estado provocando cinco muertes y varios heridos.

Ese día fue catalogado por el Gobierno como “un intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional”. Cientos de personas fueron acusadas de intento de magnicidio, terrorismo, sabotaje, incitación a la rebelión y otros delitos. Según el Ministerio de Justicia, 50 personas estaban en el sistema de cárceles del país por hechos vinculados al 30-S (ver recuadro).

Ocho años después, todavía no está claro lo que ocurrió ese día, pero dos expertos consideran que se vive una nueva etapa: la del “destape de información y de los mecanismos de dominación”. “Se están revelando secretos, trafasías, maquinaciones que se mantuvieron ocultas y una serie de discursos de un poder autoritario de que fue magnicidio”.

El criterio del experto en seguridad Lautaro Ojeda confirma que la investigación del caso 30-S está enfocada en reconstruir lo que pasó y encontrar la verdad.

Avances
Varios hechos dan cuenta de la información que sale a la luz. En febrero de este año, un informe de Contraloría del primero de septiembre de 2013 al 10 de marzo de 2014, con indicios de responsabilidad penal, fue entregado a la Presidencia.

Ahí se menciona la relación que tuvo la Secretaría Nacional de Inteligencia en el trabajo de la Comisión de investigación del 30-S, presidida por el exfiscal Carlos Baca Mancheno. Ese informe después fue entregado al Consejo de Participación transitorio y al Consejo de la Judicatura para que se revisaran presuntas irregularidades.

El colectivo de Víctimas del 30 de Septiembre, que entregó el documento a los dos organismos, asegura que ese documento probaría cómo se usaron “arbitrariamente de dineros del Estado para alterar videos, fotos, evidencias, compra de testigos falsos y elaborar un informe totalmente alejado de la verdad”, que de acuerdo con Óscar Ayerve, presidente de la Asociación, terminó en la creación “de una gran farsa” del golpe de Estado.

Un segundo elemento fue la reapertura de la investigación de la muerte del policía Froilán Jiménez durante el operativo de evacuación del expresidente. El 5 de septiembre, el fiscal Fabián Salazar acusó a los oficiales de las Fuerzas Armadas Wilson R. y Vicente N. de ejecución extrajudicial.

Dos semanas después se hizo la reconstrucción de los hechos y unos días antes se incautaron fusiles en la Brigada Patria, que correspondían al Grupo Especial de Operaciones (GEO) de las FF.AA. Con esas investigaciones, el fiscal consideró que existían los elementos de convicción para pedir a sus superiores que se investigue al expresidente y al exministro de Defensa, Javier Ponce.

A la par, a inicios de junio, el Tribunal de la sala penal de la Corte Nacional de Justicia declaró prescrito el delito que se le imputaba a 51 miembros de la Fuerza Aérea y 13 miembros de la Policía. Inicialmente fueron acusados de sabotaje, terrorismo y atentado contra la seguridad del Estado, para concluir con cargos de obstrucción de servicios públicos.

Además, de los cinco policías sentenciados a 12 años de prisión por intento de magnicidio, tres obtuvieron su prelibertad: Eduardo Mullo, Luis Guanotasig y Giovanni Laso.

Reparación
En esta nueva fase de investigación, el director de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, Farith Simon, considera fundamental determinar a los responsables de los hechos del 30-S. “Había responsabilidades de policías y militares, pero no hubo un golpe de Estado ni un intento de magnicidio. Ahora hay que determinar la verdad”, explicó.

Los dos expertos coinciden en que esto es necesario, para que después exista una reparación del Estado a las personas que fueron afectadas. “Si se reconoce que fue un daño provocado por el Estado y no se determina quiénes fueron los responsables de este daño, el Estado no tiene con quién repetir o cobrar”, dijo Simon.

Además, concluyó que los hechos del 30-S deben ser recordados como un “hecho vergonzoso, mal manejado, doloroso, producto de una acción irresponsable de quien ejercía el poder”. (AGO)

Pedido de amnistía general
° La Asamblea Nacional tramita dos pedidos de amnistía general para todos los procesados y participantes de la revuelta policial del 30-S. Una fue entregada por el exdirector del Hospital de la Policía en Quito, donde se registraron los hechos, y actual asambleísta César Carrión. El otro, por el colectivo de Víctimas del 30 de Septiembre.

El objetivo, según un comunicado del colectivo, es que se otorgue la amnistía a “los miembros de la Policía Nacional, FF.AA. y ciudadanos civiles, que injustamente fueron procesados y condenados”. Según declaraciones de Carrión hubo 1.550 procesados. Fidel Araujo, militar en servicio pasivo condenado por intento de magnicidio e incitación a la rebelión, está en desacuerdo con el pedido. Él recibió un indulto del expresidente, sin haberlo solicitado, y cree que tanto el indulto como la amnistía dan el mensaje de que se reconoce el delito. “La amnistía general es olvidar todo, se va a olvidar los fallos negativos, los fallos politizados”, agregó.

Una campaña publicitaria ‘de regocijo’
° “La Megan nació el 30 de septiembre de 2010, a las seis de la tarde”. Así comenzó la propaganda que la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) lanzó en septiembre de 2013 para ‘celebrar’ el “día que triunfó la democracia”. La campaña, que se repitió con diferente matiz los siguientes años, generó indignación en una parte de la población. “El correísmo necesitaba, a partir de ese hecho doloroso, crear un imaginario de la defensa de la democracia”, explicó el decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco, Farith Simon.

La Secom dispuso de fondos públicos para crear las campañas, que eran transmitidas por los medios públicos. Por eso, el colectivo de Víctimas del 30 de Septiembre solicitó al contralor general subrogante, Pablo Celi, que se realice una auditoría de los recursos utilizados.

Propiedad intelectual del 30-S
° La etiqueta #30S fue usada por los ciudadanos en la red social Twitter para comunicar lo que ocurría el 30 de septiembre de 2010, durante la revuelta policial y se popularizó generando tendencias, no solo ese año, sino el siguiente.

Pero el Gobierno buscó una manera para que ese término fuera patentado con un pedido al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI), que en de 2012 y hasta mayo de 2022 le otorgó la propiedad intelectual sobre los términos 30S, 30-S y ‘Prohibido olvidar’.

El IEPI aceptó el registro de las frases, decisión que quedó registrada en la Gaceta N° 560.

Recuento

Personas vinculadas al 30-S

° 17 fueron trasladados a centros de rehabilitación.
° 10 obtuvieron prelibertad.
° 6 obtuvieron indultos.
° 5 salieron por cumplimiento de pena.
° 2 con libertad por aplicación del principio de igualdad.

° 3 libres por medidas cautelares.
° 5 libres por revocatoria a la prisión preventiva.
° 2 en la cárcel por aún no cumplir el 40% para acceder a un beneficio penitenciario.
° Total: 50