Giuseppe Cabrera
Se han dado en llamar al gobierno de Moreno, en uno de transición, creo que aún es pronto para analizar si lo está siendo o no, pero de ser ese el caso, el transito no solo debe ser de las autoridades de control, de unos más cercanos a Correa a otros que lo sean a Moreno y sus nuevas cuotas de poder. La transición por sobre todo debe ser institucional, el fortalecimiento de las instituciones pasa en gran medida por una reforma constitucional que, nos retorne a un modelo de democracia republicana, mantienen esos mecanismos que han resultado útiles de la democracia participativa pero sobre todo profundizando en las características propias de la democracia representativa que han quedado relegados u olvidadas.
La eliminación de los dos poderes resulta esencial, sin notarlo lo que se busca con la llamada función de transparencia y control social pero de manera específica con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue restarle competencias a la función legislativa, para que de esta manera sus atribuciones propias de cualquier sistema político occidental pasaran a un organismo administrativo ad-hoc, controlado directamente desde Carondelet; pero parte de esta nueva institucionalidad depende del respeto de la que actualmente mantenemos, debilitada pero a la cual le debemos observancia, por lo que la propuesta de Julio César Trujillo de la eliminación del CPCCS, debe observar los requisitos de fondo y forma que demanda la constitución, con dictamen previo de la Corte Constitucional, que deberá observar conforme a derecho y no en base a tendenciosos análisis ideológicos que no le competen, que por el contrario sí es atribución de la Asamblea Nacional que como poder político debatir el Estado y su estructura desde una perspectiva ideológica en los debates específicos para que su decisión sea ratificada mediante consulta popular en las próximas elecciones seccionales o según como determinar el procedimiento que dicte para el efecto la Corte Constitucional en su dictamen.
Necesitamos un Estado de derechos y justicia social real, no un invento de utopías creadas desde la máquina de propaganda ideológica del Estado.