Empresarios denuncian cobros ilegales de más de 70 millones por parte de municipios

Redacción QUITO

Mediante la promulgación de ordenanzas sin sustento legal, más de 17 municipios de país, sobre todo de la provincia de Esmeraldas, han venido realizando cobros ilegales por concepto de patentes, impuesto al 1.5 por mil, y otras tasas por uso de espectro radioeléctrico y espacio aéreo.

Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), explicó que al momento el perjuicio supera los 70 millones de dólares, y alcanza a más de 60 empresas a nivel nacional.

«La mecánica es que se establecen cobros a empresas, en la mayoría ni siquiera establecidas en los municipios, pero no se les notifica, sino que se emprenden procesos de coactiva para embargar fondos en cuentas bancarias», contó.

Además añadió que incluso ganando los juicios, y hasta logrando el establecimiento de la ilegalidad de las ordenanzas de los cobros ilegales, muchas empresas espera más de tres años sin que los municipios les devuelvan los dineros retenidos.

Pablo Zambrano, presidente de la cámara de Industrias, aseveró que esto es un golpe considerable a la seguridad jurídica, por lo que piden la investigación inmediata de Procuraduría, Fiscalía y Contraloría. «Debe haber sanciones por el manejo doloso de los cobros municipales. Además se debe establecer en qué están utilizando los dineros recaudados con malas prácticas», dijo.
Según Roberto Aispiazu, miembro de CCE, el mal ejemplo inició en Esmeraldas, principalmente en la capital, Eloy Alfaro, San Lorenzo, Rio Verde, Atacames, Quinindé, Muisne, y también en la provincia de Naranjal en Guayas.

Las empresas afectadas serían de varios sectores económicos como distribución de derivados de petróleo, operadoras de telefonía móvil, alimentos y bebidas y comercio.

Fernando Ferro, representante de una operadora de televisión por cable, expresó que en su caso tienen retenidos ilegalmente 8.7 millones de dólares, a pesar de que han ganado los procesos correspondientes.

«En muchos casos, los municipios no devuelven los dineros cobrados ilegalmente porque aducen que no tienen el dinero suficiente», añadió Alarcón. (JS)