20 funcionarios fueron separados de sus cargos y otros 48 deberán rendir versiones.
Tras la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación del régimen de Rafael Correa, el presidente de la República, Lenín Moreno, convocó ayer al Palacio de Carondelet a los representantes de las cinco Funciones del Estado y a otros funcionarios del actual Gobierno a una mesa de trabajo.
Luego de unas tres horas de reunión reservada, Moreno anunció que por este caso se destituyó a toda la cadena responsable del Sistema de Rehabilitación Social del exministerio de Justicia, incluyendo a los operadores del ECU-911 que estaban a cargo del monitoreo del grillete electrónico. En total, 20 funcionarios. “Además, he ordenado al secretario de la Política (Paúl Granda) que interponga todas las denuncias ante el Fiscal General del Estado para que inicien las investigaciones a todos los sospechosos en este caso”, dijo el Presidente. El secretario de Estado cumplió esta tarea ayer. El primer mandatario aseguró, asimismo, que seguirán enfrentando la corrupción, por lo que dispuso que cada 15 días se reúnan los representantes de las funciones del Estado, para robustecer una acción conjunta de cara a la “cirugía mayor” contra la corrupción que ha ofrecido al iniciar su gestión.
Otras versiones
EL DATO
César Montúfar pidió una actuación fiscal urgente en contra de los denunciados por delincuencia organizada para que se les prohíba la salida del país. Entre ellos están Galo Chiriboga, Carlos Baca, Diego García y José Serrano.El Contralor agregó que ante la preocupación ciudadana se afinarán mecanismos de cooperación para lograr un adecuado procesamiento de aquellos delitos que afectan el interés social y los bienes públicos. “Hemos acordado exhortar al Fiscal General del Estado (Paúl Pérez) que se proceda a establecer las medidas cautelares más severas y suficientes para garantizar que los procesos de juzgamiento de delitos contra los recursos públicos concluyan con las necesarias sanciones en el campo administrativo o en el campo penal, cuando estas ameriten”, dijo Pablo Celi (ver cifras).
Sobre la fuga de Alvarado, Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea, anotó un dardo. “Esta es una situación –dijo– que no era posible darse si no hubiesen existido, seguramente, acciones cómplices de otras instituciones”. (HCR/AGO)
Por si acaso: informes con responsabilidad penal
Las cifras de la Contraloría en el último año
313 Informes con indicios de responsabilidad penal se registran en el ciclo 2017-2018.
21 informes corresponden a ministerios.
6 informes se desprenden de secretarías nacionales.
45 informes son de las empresas públicas.
Un ministro no dicta medidas cautelares
° “Hemos tomado la medida de que se prohíba la salida del país de los funcionarios altos y medios, ministros, secretarios y viceministros, que están en procesos de investigación en Fiscalía y Contraloría”. Lo dicho por el secretario de comunicación, Andrés Michelena, ante la fuga de Fernando Alvarado, alertó a juristas.
De acuerdo con el Código Penal, la emisión de medidas cautelares es una competencia exclusiva de los jueces, tras audiencia de formulación de cargos.
Esta postura del Ejecutivo, según María Paz Jervis, decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Uisek, y Beatriz Rodríguez, abogada penalista, responde a un criterio político que no tiene asidero legal. Las expertas recalcan en la necesidad de que se siga el debido proceso y que, en caso de que la Fiscalía encuentre los indicios de convicción, se soliciten las medidas pertinentes.
Michelena señaló que se pedirán estas acciones para 31 exfuncionarios y, ayer, la ministra del Interior, María Paula Romo, en una entrevista con Teleamazonas, añadió que están revisando la “lista larga” de colaboradores de Correa.
Para la penalista Rodríguez, en cambio, es importante que se inicien las investigaciones. Para la especialista, dos preguntas son clave: quién era el responsable de recibir las notificaciones de la manipulación del grillete y cómo se monitoreaba el área de vigilancia.
Entre tanto, recién para mañana se tiene prevista la audiencia para cambiar la medida cautelar de Fernando Alvarado, sobre quien pesan 11 informes con indicios de responsabilidad penal, además de indagaciones por peculado y enriquecimiento ilícito.