La directora del Sercop habla sobre el Régimen especial y de la asesoría del BM.
Falta de competitividad, abuso del Régimen Especial, puerta abierta para ingresar oferentes en el catálogo electrónico y poco control en el tema del giro específico del negocio son, a criterio de Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), los principales problemas en compras públicas. El tiempo para clasificarse como proveedor pasó de cuatro meses a 17 días.
¿El principal objetivo de reducir la contratación vía Régimen Especial?
Con el Régimen Especial prevalecía la contratación directa, es decir, un solo proveedor. Eso es lo que se intenta cambiar, porque cuando existe competencia se pueden generar mayores ahorros para el Estado.
A septiembre de este año, el Régimen Común está en 72,9%, y el Régimen Especial en 27,1% con lo que el ahorro es de más de 222 millones. Durante 2013 a 2017, el promedio fue de 44% para el Régimen Común y 56% para el Régimen Especial. Hemos rebajado en casi 30 puntos de la modalidad menos competitiva.
¿Cómo se controla la utilización de las modalidades más competitivas de contratación?
Cuando existe un solo proveedor, suspendemos el proceso. Las entidades contratantes tienen tres días para justificar, porque solo tienen un oferente. Hacemos el análisis, la supervisión y si existen incumplimientos, se declara desierto el proceso. Si no se hallan incumplimientos, el proceso continúa.
EL DATO
La compra pública representa el 16% del gasto total. A septiembre ascendía a 4.781 millones de dólares.Además, estamos formalizando los procesos de autorización del giro específico del negocio. Antes esa autorización se otorgaba de manera general. Ahora se revisa cada bien o servicio de acuerdo con una metodología y no se permite que se compre, vía Régimen Especial, bienes o servicios que no corresponden a la actividad principal de la institución o empresa. Por ejemplo, el papel bond, que es un gasto cotidiano, debe adquirirse por Régimen Común.
¿Qué otras medidas de eficiencia y ahorro se han implementado?
Hemos hecho cumplir la Ley, sobre todo en temas como el Catálogo Electrónico, donde se detectaron 43 únicos proveedores. Ahora se incluyeron 1.300 más. Asimismo, está en marcha un proceso de revisión de precios, para que sean los más cercanos al mercado. Con esto hemos logrado un millón de dólares más de ahorro. También estamos impulsando la certificación de 5.000 funcionarios para que tengan conocimiento de la Ley y de los procesos de contratación.
¿Cómo avanza la asesoría del Banco Mundial?
Hemos sido bastante serios, tanto es así que establecimos una hoja de ruta que vamos reportando mensualmente a la Presidencia. El Banco Mundial nos dio una lista de recomendaciones, de corto y mediano plazo. En noviembre nos volveremos a reunir para intercambiar información, seguir los análisis y realizar monitoreos. También para ver elementos de mayor ajuste.
¿Cómo se pueden lograr mayores resultados para el ahorro en 2019?
Para el próximo año el ahorro esperado es de 400 millones. Otros elementos de mayor ajuste, sin duda, van a tener que pasar una reforma legal. Ya presentamos una propuesta al Ejecutivo y luego irá a la Asamblea. La idea es reforzar los controles y disminuir las discrecionalidades.
¿Qué opina del informe del BID en el que se estima una pérdida de 70.000 millones en el gasto público durante el correísmo?
Hay que tener cuidado con esas cifras, porque se refieren a todo el gasto público como remuneraciones y otros servicios, que no son estrictamente compra pública. Nosotros hicimos el análisis del costo de oportunidad y determinamos que entre 2013 y 2017 el Estado perdió 1.400 millones por ineficiencias en el sistema. (JS)