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SIP aprueba declaración de principios de libertad de expresión en era digital

OCT, 23, 2018 |

INVITADO. El presidente argentino Mauricio Macri durante su intervención. Lenín Moreno no asistió a la Asamblea de la SIP.

La cita fue del 19 al 22 de octubre en Salta. Participaron referentes del periodismo.
 

Redacción SALTA

EFE

La Junta de Directores y la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobaron ayer la ‘Declaración de Salta sobre principios de libertad de expresión en la era digital’, con la que se llama a proteger el libre flujo informativo sin importar la plataforma por donde se propague.

Durante su 74 Asamblea, que culminó ayer en la ciudad argentina de Salta (norte), la SIP emitió una declaración de 13 principios (ver recuadro) con un preámbulo en el que se destaca que el periodismo y los medios de comunicación son “actores vitales de la libertad de expresión, más allá de las plataformas en las que operan”.

El texto considera que, a pesar del “impacto positivo” de las tecnologías, las “amenazas y los ataques” a las libertades de expresión y de prensa provenientes de actores estatales y privados “no han cesado” y los “abusos y el mal uso” de estas tecnologías han potenciado la censura, la vigilancia o el acoso contra usuarios o periodistas.

El encuentro, que reunió durante cuatro días a representantes de los principales medios de América, inició el viernes con la presentación de un borrador sobre la declaración consensuada ayer.

El texto preliminar, que fue presentado por el presidente saliente de la SIP, Gustavo Mohme, el expresidente de la entidad, Danilo Arbilla; y el director ejecutivo, Ricardo Trotti, hace pie en la declaración de Chapultepec de 1994, que ya estableció 10 principios sobre libertad de expresión.
 

Periodismo de investigación 
Referentes periodísticos argentinos resaltaron ayer el papel del periodismo de investigación, con el que se han destapado grandes tramas de corrupción, para denunciar situaciones irregulares a las que la Justicia no da voz.

EL DATO
Durante su Asamblea 74, la SIP también abordó la violencia contra los periodistas de las Américas que este año causó 29 muertes.
“No somos jueces ni fiscales, solo tratamos de llegar a la verdad”, afirmó Daniel Santoro, del diario Clarín y conocido por su estudio sobre el tráfico de armas argentinas a Ecuador y Croacia, que llevó en 2001 a la detención del expresidente Carlos Menem (1989-1999).

Durante el panel ‘Periodismo de investigación contra la corrupción’ de la SIP, también participaron los periodistas Diego Cabot, de La Nación, y Nicolás Wiñazki, de Clarín.
 

Nueva presidenta de la SIP
María Elvira Domínguez, directora del diario El País de Cali (Colombia), es desde ayer la nueva presidenta de la SIP para el periodo 2018-2019, en el que se centrará en trabajar por luchar contra las “libertades cercenadas en Venezuela y Nicaragua”. Fue elegida para sustituir al peruano Gustavo Mohme.

“Ya que estoy entre amigos, quiero confesarles que mi mayor preocupación al asumir la presidencia de la SIP es que no me embargue el sentimiento de impotencia frente a la realidad de las libertades cercenadas en Venezuela y Nicaragua”, señaló Domínguez en su discurso ante editores y directivos de multitud de medios de comunicación de América.
 

FRASE

Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital”. Mauricio Macri Presidente de Argentina 

Macri aboga por la libertad de prensa

°  AFP

El presidente argentino Mauricio Macri formuló ayer un enérgico llamado a respetar la libertad de prensa en el continente al clausurar la Asamblea de la SIP.

“Sigamos trabajando para que se termine la censura en el continente, la libertad de prensa es un derecho fundamental de los ciudadanos”, dijo Macri, quien además remarcó que “la libertad de prensa es aquella donde los periodistas no son elegidos a dedo, es no enojarse con ninguna voz. Un país es un coro gigantesco de diferentes voces”.

Ecuatoriano, reconocido por la SIP
° Jaime Mantilla Anderson, quien fue director y principal accionista del Grupo Hoy, cerrado en 2014, fue galardonado el domingo con el Premio Presidencial que otorga la SIP, por su trayectoria profesional.

En el quehacer periodístico de Mantilla figura también la presidencia de la SIP, cargo de mandato anual para el que fue elegido en Sao Paulo (Brasil) el 16 de octubre de 2012. Sucedió en esta puesto al estadounidense Milton Coleman, del diario The Washington Post.


Declaración de Salta


13 principios


 

1. Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional.

2. La legislación y las políticas públicas sobre Internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los Derechos Humanos. 

3. Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. Asimismo, los gobiernos no deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad. En caso de reclamos de carácter civil debe probarse que se actuó con real malicia. 

4. Toda restricción y sanción ulterior que afecte el derecho a difundir, compartir o divulgar información e ideas en Internet debe ser establecida por ley, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Convención Americana de DD.HH.

5. El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de DD.HH. 

6. Los Estados deben garantizar a quienes cumplen la función de informar un ambiente libre de violencia y amenazas en el espacio digital. Las agresiones deben ser investigadas con prontitud y sancionadas apropiadamente. 

7. Las autoridades no deben utilizar mecanismos de vigilancia digital para vulnerar las libertades y la privacidad de los ciudadanos, salvo en casos en que se persiga un fin legítimo acorde a lo establecido en las convenciones sobre Derechos Humanos. La vigilancia masiva no es aceptable en ningún caso. 

8. Las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado.

9. La supresión o desindexación de información sobre hechos de interés público atentan contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. La protección de datos personales y a la privacidad de las personas son derechos fundamentales, pero no deben restringir ni limitar la circulación de información de interés público. 

10. La diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados puede afectar la confianza pública. La desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital. Los intermediarios tecnológicos deben adoptar medidas de autorregulación para prevenir la diseminación deliberada de desinformación. 

11. Los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores del ecosistema digital por los contenidos de interés público generados o compartidos por terceros. 

12. Los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como respecto a los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. También deben evitar prácticas abusivas que puedan afectar la competencia, la innovación y el libre flujo de la información.

 13. Los intermediarios tecnológicos deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión y no deben ceder ante presiones de gobiernos u otros grupos de poder. Sus políticas y criterios que puedan restringir la circulación de contenidos deben ser claros y transparentes. Asimismo, deben adoptar buenas prácticas para resguardar los datos personales y la privacidad de las personas que utilizan sus plataformas y servicios. En todo caso, deben disponer de mecanismos de denuncia accesibles a quienes puedan verse afectados en el ejercicio de sus derechos.

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