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Mesa de Justicia va confirmando persecución correísta

NOV, 13, 2018 |

CASO. El exjefe de la escolta legislativa, Rolando Tapia, expuso su caso por más de 40 minutos.

Ayer se dio la segunda sesión de audiencias públicas. Se escucharon 10 casos. 
 

Es un aula, pero se asemeja a la sala de un tribunal. Tiene el área del estrado de los jueces e hileras de filas para la audiencia, separadas por un barandal de madera. No existe la formalidad de una audiencia en un juzgado; los espacios se traspasan sin un policía y no hay funcionarios públicos impidiendo el paso. 

Es el aula de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, donde la Mesa por la Verdad y Justicia se reúne para escuchar, en audiencias públicas, a las víctimas de persecución política durante el Régimen de Rafael Correa. 

Ayer estaban agendadas 10, de 40 minutos cada una. Sin un tiempo estricto, ni con horas exactas de inicio y culminación, las audiencias consisten en una exposición de alrededor de 15 a 20 minutos de las víctimas sobre las presuntas irregularidades durante los procesos judiciales, más otro tiempo de preguntas. 

Ayer, la segunda audiencia era el caso de diario El Universo, pero no se dio, así que un exempleado del Consejo Provincial de Pichincha, Pablo Molina, pidió ser recibido. Durante alrededor de 10 minutos expuso su situación, y, a pesar de no ser de un caso penal, fue receptado por el Consejo de la Judicatura. 

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casos están abiertos en el Consejo de la Judicatura, no todos por persecución política. 
Él es uno de los aproximadamente 300 casos que completó la documentación para evidenciar presuntas violaciones al debido proceso dentro del sistema judicial durante el correísmo, con el objetivo de perseguir a opositores políticos. 

Hace tres años y medio, publicó una fotografía en la red social Facebook. Él aparecía en los exteriores de la sede de Alianza PAIS, con un letrero que decía: ‘Fuera Correa’. Lo siguiente que supo, es que iba a ser despedido. Perdió su empleo y ahora sigue un proceso contencioso administrativo para recuperarlo. 
 

Casos
Una audiencia tras otra, los tres integrantes de la Mesa: el presidente, Paúl Jácome, Alejandra Cevallos y Rolando Tapia, quienes también fueron víctimas, escuchaban los argumentos y recibían la documentación. Hasta este jueves están previstas 24 audiencias públicas, además de alrededor de 20 entrevistas reservadas, de casos indígenas. 

EL DATO
Se tratarán también los casos de los ‘10 de Luluncoto’ y Mery Zamora.
Antes de iniciar el periodo de audiencias públicas, la vocal temporal del CJ, Angélica Porras, explicó que ya se habían identificado patrones de uso del sistema judicial, como la detención arbitraria sin orden judicial. 

“Se está confirmando la injerencia del sistema estatal dentro del jurídico, de distintos funcionarios y rangos. Actores políticos que metían mano en los procesos. También las campañas comunicacionales de por dónde deben ir los juicios”, señaló Jácome ayer. 

Tapia fue uno de los que expuso su caso. Él fue juzgado por el caso de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Era jefe de la escolta legislativa y fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de atentado contra la seguridad interior del Estado. 

EL DATO
El jueves se cerrarán las audiencias. 
Ayer expuso lo que tuvo que enfrentar durante su proceso judicial desde su detención hasta la audiencia de casación. En su caso, hubo una instrucción fiscal de 150 días, cuando, por Ley, no puede extenderse más de 120 días. 

Fue juzgado por un tribunal con un juez ad hoc, figura que no existe en ninguna normativa. Ayer contó que no recibió el tratamiento médico oportuno dentro de la cárcel y que en el tiempo que no estaba condenado, ocupó el mismo espacio que los sentenciados, entre otras irregularidades. 

Otro de los comparecientes fue David Rosero, el exconsejero de Participación que fue arrestado junto a otras dos personas y acusado de ataque o resistencia. También se presentaron las mujeres amazónicas y los afectados del caso Ecuador TV. (AGO)

FRASE

Se está confirmando la injerencia del sistema estatal dentro del jurídico, de distintos funcionarios y rangos”. Paúl Jácome, presidente de la Mesa.