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¿‘Cadena de silencio’ a favor de curas violadores?

NOV, 14, 2018 |

PROCESO. Familiares de víctimas del cura César Cordero en Quito, en junio.

Aseguran que el Estado debería intervenir en las investigaciones en la Iglesia. 

Que la iglesia aporte información y colabore con las investigaciones. Esa fue la conclusión que el 10 de octubre presentó la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional que analizó 70 casos de abusos a menores en instituciones educativas. Un mes después, no se ha cumplido ni lo uno ni lo otro.

La activista de Derechos Humanos Sonia Andrade y la abogada Sybel Martínez, quien siguió de cerca el trabajo de la Comisión, coinciden en señalar que esta falta de respuesta obedece a una “cadena de encubrimiento”, que en la práctica opera bajo tres mecanismos.

El primero es de las propias normas establecidas en el Derecho Canónico  (Ver nota relativa) impuesto a las iglesias católicas, como lo confirmó en 2014 la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Es necesario modificar el derecho canónico para que el abuso sexual infantil sea considerado como un delito y no como un mero ‘delito contra la moral’, y derogar todas las disposiciones que permitan imponer una obligación de silencio a las víctimas y a todos aquellos que tomen conocimiento de este tipo de delitos”, señaló el organismo.

El segundo opera mediante sanciones menores a religiosos involucrados, como en el caso del cura Luis Intriago en Guayaquil, a quien, previo a su expulsión en julio, se le ordenó un retiro espiritual por un mes. Y el tercero es la falta de entrega de información y de denuncias.
 

Presión
Con esta forma de actuación institucional de la iglesia, explica Martínez, se configura el delito de pederastia clerical frente a la cual es necesaria la intervención del Estado. 

En Estados Unidos, por ejemplo, el FBI (Oficina Federal de investigaciones, por sus siglas en inglés) investigó las denuncias de un periódico de abusos por parte de religiosos de la iglesia de Masachusets. Y en Chile, la Fiscalía también actuó de oficio para levantar pruebas.

100
mil víctimas de la Iglesia se han registrado a nivel global. 
“Es necesario que se conforme una comisión o que el Estado se preocupe en investigar estos casos. Esto no ha pasado, como tampoco se ha escuchado un pronunciamiento del Gobierno”, comentó la experta.

Por ahora, a un mes del pronunciamiento de la Comisión Aampetra, la Asamblea y la Fiscalía no han precisado los mecanismos para exigir o por lo menos para vigilar el cumplimiento de sus recomendaciones a la iglesia. Así lo confirma la Asociación de víctimas sobrevivientes de abusos asexuales, creada este año para exigir soluciones.

Hasta el momento la respuesta del Estado frente a este tipo de casos es un convenio con la propia Arquidiócesis de Guayaquil para crear 29 centros de mediación. La firma de este entendimiento fue cuestionada por organismos de Derechos Humanos bajo el argumento de que en casos de violencia contra menores no cabe mediación. (JCER)

¿Cómo enfrentar a la Iglesia?
° Para la activista Sonia Andrade, a las víctimas y a sus familiares les resulta complejo, difícil y, sobre todo, doloroso presentar denuncias y exigir que se investigue y administre justicia debido a una razón muy poderosa: guardan silencio por miedo.

245
casos se han revelado en Chile. 
“El silencio en el que deben vivir muchas víctimas es mucho más alto. No todos se atreven a denunciar y muchos han recibido ayuda sicológica para curar estas heridas”, agregó la activista.

Las autoridades de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se encontraban ayer en un taller de la Comisión de Ministerios y Vida Consagrada y no emitieron un pronunciamiento ante los requerimientos de La Hora. 


Derecho Canónico

Canon 1.395 Sobre abuso sexual

 

° “El clérigo concubinario, exceptuado el caso del que se trata en el canon 1.394 (“clérigo que atenta contra el matrimonio”), y el clérigo que con escándalo permanece en otro pecado externo contra el sexto mandamiento del Decálogo, deben ser castigados con suspensión; si persiste el delito después de la amonestación, se pueden añadir gradualmente otras penas, hasta la expulsión del estado clerical”.


 

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