El diezmo

Juan Sebastián Vargas

Viene del latín “decimus” que no era otra cosa que un impuesto del 10% con el fin de satisfacer a diferentes estamentos como antiguas repúblicas, monarquías o señoríos y es que resulta que algunos asambleístas ecuatorianos han estado aplicando la misma estrategia con sus asesores, solo que le han puesto un nombre bonito; “aportación voluntaria” o “aportación partidista”, que se asemejan más a las famosas “vacunas” que la guerrilla colombiana cobraba a empresarios y campesinos a cambio de seguridad, hasta incluso leí esta semana que estos “aportes” constan en los reglamentos de ciertas agrupaciones políticas, pues me he quedado asombrado con semejante desvergüenza y audacia, en buen romance, han reglamentado la corrupción, es decir asumes un cargo público y te obligan a aportar un porcentaje al partido político de turno o sufres las consecuencias, es una lástima esta inescrupulosa práctica que no conoce de ideología pues nos hemos enterado que lo hacen algunos partidos políticos y de hecho no solo en la Asamblea, esta es una horrorosa característica de muchos funcionarios públicos que abusan de su autoridad para cometer este tipo de delitos en gobiernos provinciales y municipales.

Lamentablemente en el Ecuador estamos acostumbrados a que estas prácticas sean algo normal y en el caso de estas personas ante la presión de no perder sus puestos de trabajo ceden ante estas “pillerías” fruto de los vicios de nuestra idiosincrasia o contagiados de esas malas costumbres políticas que arrastramos desde la época republicana.

Según la prensa, estos famosos “descuentos al rol” son de montos considerables, $ 200, $ 500 y hasta $1.000 dólares mensuales, es decir esto ya no se trata de una bondadosa y caritativa colaboración sino de un robo en toda la extensión de la palabra, todos estos hechos deben ser validados por la Contraloría General del Estado y deben ser investigados por parte de la Fiscalía de tal forma que en la Asamblea se apruebe (cosa poco probable) para que estos actos tengan el tratamiento de un delito común de cohecho y concusión y puedan tener un proceso penal y castigar severamente aquellos que cobran la famosa “vacuna legislativa”.