Debido a que la Seguridad Social en el país se basa en el sistema de reparto, en el que los trabajadores activos financian a los jubilados, y que el fondo de pensiones se ha descapitalizado desde los 13.000 millones de dólares a los 6.500 millones, son urgentes las reformas que brinden sostenibilidad en el mediano y largo plazo.
Según un último estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), esas reformas incluirían el aumento de la edad de jubilación; el incremento de las aportaciones de los trabajadores activos; el aumento de las aportaciones del Estado; y, finalmente, la disminución de las prestaciones.
Marco Proaño Maya, abogado y experto en Seguridad Social, comentó que de todas las opciones la más urgente y factible es el aumento de la edad de jubilación. Incluso recalcó que la ley de Seguridad Social de 2001 contiene, en el artículo 186, último inciso, la disposición de que cada 5 años se revise y aumente, de acuerdo con las necesidades, este requisito.
“Lamentablemente, luego de 18 años, han pasado varios gobiernos y consejos de administración y nunca se aplicó la Ley. Y no se ha respetado al IESS como la institución que vela por la protección de la ciudadanía en etapas tan sensibles como la vejez”, dijo.
Contexto
Asimismo, puntualizó que las otras opciones no son viables porque afectarían las condiciones laborales de las personas y, en el caso de la disminución de prestaciones, constituiría una inconstitucional regresión de derechos.
Cifras
4,3
millones de afiliados había en 2017.
510
mil pensionistas existían ese mismo año. “Las autoridades del IESS, y toda la ciudadanía, deben exigir que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y transfiera, en efectivo, todos los recursos que necesita el sistema para cumplir con los beneficios y pagar pensiones”, aseveró.
Sin embargo, el Gobierno parece no estar dispuesto a aumentar la asignación presupuestada para 2019, que llega a los 1.240 millones de dólares, aunque el IESS pidió 2.456 millones, con el fin de cubrir la totalidad de la restitución del 40% del aporte estatal y atenciones de salud a jubilados y enfermos catastróficos.
Esta disminución en los recursos, según Proaño Maya, aumentará el desfinanciamiento de las reservas del fondo de pensiones, que se ha venido reduciendo durante los últimos 10 años. “De 2008 a 2014, el Estado pagó el aporte del 40% en bonos, lo que afectó las reservas. De 2015 a 2017 ni siquiera pagó un centavo”, acotó.
A esto se sumaron malas decisiones que han provocado que, actualmente, de cada 10 beneficiarios solo tres sean aportantes. Además, en los últimos dos años, el número de afiliados que se añaden es menor al número de nuevos jubilados. Así, por ejemplo, en 2016, el número de afiliados se incrementó en 12.000, mientras los nuevos jubilados fue de 46.000. (JS)
En espera de un estudio
Manolo Rodas, presidente del IESS, está consciente de estos problemas, y espera que el estudio actuarial que se entregará a finales de este año, pueda dar un panorama claro de hasta dónde puede aguantar el sistema y qué acciones se deben tomar para evitar un colapso.
Marco Proaño Maya recalcó que la suerte del sistema no solo debe ser preocupación de los jubilados actuales, sino sobre todo de los jóvenes que deben tomar conciencia de que en el futuro deberán retirarse más tarde.
“El aumento de la edad de jubilación debe ser progresivo. Las autoridades deberían establecer un cronograma que vaya aumentando el requisito para las futuras generaciones que tendrá mayores expectativas de vida”, concluyó.