El exsecretario nacional de Inteligencia Pablo Romero enfrenta un nuevo proceso judicial. Ayer, la fiscal general (e), Ruth Palacios, lo acusó como autor del delito de peculado por la operación ‘Caminito’, que realizó la Senain en 2013.
Él ya tiene un llamado a juicio como autor del secuestro del político Fernando Balda. Este proceso está suspendido, debido a que se encuentra prófugo en España y a que ese tipo penal no puede juzgarse en ausencia del procesado. Sin embargo, está en trámite su extradición, proceso del cual todavía no existe un dictamen de la Justicia española.
A pesar de que ese juicio está detenido, el proceso por peculado apenas inicia. Ayer arrancaron los 90 días de instrucción fiscal, después de que el juez nacional Luis Enríquez aceptó el pedido de Fiscalía.
Palacios acusó a Romero como autor de peculado y a los exfuncionarios de la Senain Cecilia Santillán, Walter Olaya y Jorge Garzón como coautores. Por esto, el juez dictaminó la prisión preventiva para Romero, mientras que la presentación cada 15 días en la Corte Provincial de Guayas y la prohibición de salida del país a los otros tres.
Además, ordenó la enajenación de bienes y la retención de fondos hasta por el monto del perjuicio en contra de todos.
El caso
De acuerdo con la Fiscal, durante la administración de Romero, se ejecutó una operación de alrededor de 13 millones de dólares, con un perjuicio para el Estado de 110.984 dólares, que no se justificaron.
Esta investigación fue resultado de un examen especial de Contraloría a los fondos públicos permanentes de gastos especiales de la Senain entre junio y agosto de 2013. Allí se encuentra la operación ‘Caminito’, que pretendía recibir información sobre una supuesta vulneración a las cuentas y a las claves personales de altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa.
EL DATO
El abogado de Pablo Romero no acudió a la audiencia, así que tuvo a un defensor público. Según lo relatado ayer por Palacios durante la audiencia de formulación de cargos, Romero solicitó a Santillán, funcionaria administrativa, que identificara a un agente de la Senain para que entregara dinero a cambio de información que sería provista en medios magnéticos.
El agente fue Garzón, quien recibió 998 dólares de viáticos para viajar a Uruguay y encontrarse con alias ‘Ruso’, un supuesto ‘hacker’, parte del grupo de individuos que habría vulnerado la información de las autoridades. El trámite terminaba cuando él entregara la información a Santillán y Santillán a Romero. Se hicieron dos pagos a alias ‘Ruso’, uno por 10.000 dólares y otro por 63.000.
Sin embargo, de los elementos de convicción recabados por la Fiscalía, se determinó que no existía información sobre el informante Eduard Soler, de quien se dijo que era de nacionalidad española. Dentro de una de las diligencias, se solicitó a la embajada de España que certificara su pasaporte, pero se indicó que no existía. La operación culminó el 7 de agosto de 2013. “Hubo una operación en la que al parecer, con base en información falsa, se invirtieron dineros públicos”, explicó Palacios. (AGO)