Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los delegados de los gobiernos de Ecuador y Colombia explicaron, ayer en Washington, la cooperación y los avances dentro de las investigaciones sobre el secuestro y asesinato de un equipo periodístico de El Comercio, en marzo pasado, por parte de un grupo disidente de las FARC.
Los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra exigieron, en la audiencia, la verdad tanto a Ecuador como a Colombia sobre los hechos ocurridos antes, durante y después del delito cometido por el frente ‘Oliver Sinisterra’, liderada por ‘Guacho’. El 26 de marzo fueron secuestrados en Mataje (Esmeraldas) mientras realizaban una cobertura periodística.
Por eso solicitaron a la CIDH extender el tiempo que sea necesario para que el Equipo Especial de Seguimiento continúe su trabajo, puesto que su plazo finalizará el 31 de diciembre.
Archivo de medida cautelar
El relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, lamentó que el burocratismo no haya permitido el trabajo acelerado de este equipo como es la entrega de información por parte de la Fiscalía, debido a la reserva existente. “Además, apenas en agosto iniciósus labores”, agregó.
Al respecto, el procurador Iñigo Salvador, indicó que Ecuador ofrece las garantías necesarias para esta investigación, pero no aceptó la extensión del plazo de funcionamiento del equipo de la CIDH. Tampoco cree pertinente un peritaje de la zona. Y pidió archivar la medida cautelar.
El Gobierno colombiano descarta tener alguna responsabilidad en el manejo de esta crisis.
Primero destacó que el secuestro fue en territorio ecuatoriano. Segundo, que los trabajadores de prensa no fueron secuestrados durante su ejercicio profesional. Y tercero que los guerrilleros presentaron exigencias al gobierno de Moreno, no al colombiano. (SE)