Caso 30-S: Vocal de Judicatura solicita celeridad a la Fiscalía

Diligencia. Los acusadores llegaron a la Fiscalía para presentar documentos adicionales de respaldo.
Diligencia. Los acusadores llegaron a la Fiscalía para presentar documentos adicionales de respaldo.

Más de 200 jueces y 42 fiscales están denunciados por los procesados.

No hay ningún avance desde el 23 de octubre, cuando los denunciantes presentaron la documentación al fiscal Paúl Pérez sobre los indicios de responsabilidad penal contra fiscales y jueces que actuaron en el caso 30-S. Así se expresó ayer Sobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura transitorio, en las afueras de la Fiscalía.

Aragundi adjuntó dos denuncias más de sentenciados por los hechos del 30 de septiembre de 2010. “Presentamos también indicios de pruebas en contra de las exautoridades de justicia”, destacó.

Después de aquella revuelta policial, según la funcionaria, hubo “situaciones terribles como afectaciones sicológicas, persecución, prisión, etc.”, comentó.

Un testigo protegido
Los denunciantes presentaron también un testigo protegido, “que habla con pruebas” de la injerencia del Gobierno en la administración de justicia durante los juicios por el 30-S.

Son 51 juicios y 715 procesados. Se investigarán las actuaciones de 204 jueces y 42 fiscales que participaron en los juicios y sentencias, sobre la base (según dicen los denunciantes) de ciertos audios y videos mutilados y manipulados.

Las investigaciones tienen que determinar si ellos incurrieron en el delito de prevaricato o fraude procesal.

Independencia
Fidel Araujo, Víctor Hugo Erazo y Máximo Rivera, afectados por las autoridades después del 30-S, presentaron a la Fiscalía sus respectivas denuncias contra fiscales y jueces por los delitos de fraude procesal, prevaricato y asociación ilícita. “Vamos a presentar nuestra denuncia, inclusive colocando pruebas nuevas. La Fiscalía debe investigar con responsabilidad e independencia”, dijo Araujo, quien aseguró que por ser miembro del opositor Sociedad Patriótica (SP) fue sentenciado a tres años por instigar la revuelta policial.

Víctor Hugo Erazo, excandidato a la alcaldía de Quito por SP, también fue condenado a 18 meses de prisión por haber incursionado ese día en las instalaciones de EcuadorTV. “Algunos jueces y fiscales siguen en funciones, otros han sido premiados con ascensos. Esto debe ser investigado y sancionado”. (SE)

Rivera: ‘Fuimos destituidos’
°Por supuestamente haber apoyado aquel día la revuelta policial, el entonces presidente de la Asociación de Empleados del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), Máximo Rivera y otras seis personas fueron destituidas de sus cargos.

“Esa orden llegó desde una sabatina. Rafael Correa dijo que Máximo Rivera debe ser enjuiciado y encarcelado seis años. Fiscales y jueces, así como funcionarios como el actual asambleísta Pabel Muñoz, quien en esa fecha se desempeñaba como viceministro de Inclusión Económica y Social, deben ser sancionados”, manifestó.