Fue el 20 de noviembre cuando la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, recibió a una comisión de taxistas de Quito. ¿El motivo? Proponer que en las reformas a la Ley de Tránsito se prohíban y se den sanciones a las aplicaciones de Uber y Cabify.
En ese momento, Carlos Brunis, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, comentó que estas “aplicaciones lo único que hacen es aumentar la inseguridad ciudadana. Son aplicaciones que lo que hacen es ir en contra de aquel pacto que firmó el presidente de la República, pacto por la seguridad ciudadana. Porque hablar de informalidad e ilegalidad, es hablar de esas aplicaciones”.
Ambas aplicaciones han generado enfrentamientos entre los taxistas de las cooperativas y conductores de estas aplicaciones.
De tratarse en el Pleno del parlamento nacional el uso de estas aplicaciones, Ecuador entraría en el mismo terreno que países como Colombia y Argentina donde se discuten legislaciones para controlar estas aplicaciones.
Además, en el proyecto de reformas los taxistas también consideraron la sanción por puntos de la licencia, capacitación permanente, revisión periódica de las unidades, competencias municipales, mejores condiciones para los jubilados y mejor articulación de la ley con respecto al estado de las vías.
En la mayoría de las provincias del país se están dando reuniones para conocer de primera mano las propuestas de cada uno de los sindicatos de conductores registrados en el país, y el proceder sobre las aplicaciones móviles de taxis. (JDC)