La ficción de la crisis: la paga el pueblo

DIC, 23, 2018 | - Por Giuseppe Cabrera

El gobierno anunció una serie de medidas que, presuntamente, buscan alivianar el peso de la crisis económica; a través de la manipulación de la opinión pública, nos implantan los argumentos de que el no haber tenido la mesa servida, la corrupción y del despilfarro del gobierno anterior, fue lo que provocó estos ajustes, gobierno del cual Moreno también formó parte. Y no, ni se reduce el subsidio a las gasolinas por el mal manejo económico del gobierno anterior, ni se lo hace porque haya ganado el sí en la consulta popular de febrero de este año.

Parece bastante evidente, que se nos quiere hacer pública la deuda y privatizar los servicios, que los diez años de mala gestión lo tenemos que pagar todos, si es que realmente sigue vigente tal caos. Pero, la economía parecía darnos señales de recuperación, como el incremento de las exportaciones y el aumento de las remesas recibidas del exterior; además, de un nuevo crédito con China que, parecían aliviar la carga fiscal; por qué entonces el gobierno se empeña en implementar estas medidas antipopulares, bueno, la respuesta parece estar en el pasado; entre el 2004 y 2005, Gutiérrez, hizo lo propio al reducir el subsidio a las gasolinas, aumentando el precio de las mismas y poco tiempo después estaríamos firmando una carta de intención para una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional. De qué otra manera se puede entender, que el gobierno diga necesitar liquidez y haya perdonado 2 mil millones en tasas e intereses tributarios por mora a los grandes grupos económicos del país y busque recaudar apenas 40 millones con la reducción del subsidio, de un presupuesto general del Estado de 31 mil millones de dólares.

No hay coincidencia en que, al día siguiente de anunciar las medidas, los representantes de las cámaras hayan pedido que no se aumente el salario básico el año próximo. El ataque inconstitucional, en contra de los servidores públicos con la reducción de sus sueldos, que no solo les afecta a ellos, sino a más de 70.000 familias que dependen de esos ingresos, que suelen estar planificados y comprometidos. Todo apunta a una respuesta: el desmantelamiento del Estado.

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