Espejismo

La desesperanza sembrada por la nefasta administración correísta, ha generado un atolondramiento de las entidades públicas y ciudadanía en general, en la intención de sancionar a los grandes y verdaderos atracadores del futuro de los ecuatorianos. A esta se suma la difícil e inocultable situación económica que vive el país, misma que obligó al gobierno a tomar impensables medidas económicas, las cuales sin duda no serán las únicas a adoptarse.

Lo preocupante es que hemos perdido la objetividad, no nos importa ni las formas con tal de ver encarcelados a quiénes han hecho tanto daño al país, inclusive si se aplican las intromisiones entre poderes que tanto criticamos en la década anterior. Esta desesperación de recuperar lo robado se está convirtiendo en un simple espejismo, en una distractiva permanente del gobierno hacia la opinión pública para mantenernos expectantes de lo que nunca ocurrirá. Nos hemos preguntado ¿cuántas denuncias de corrupción han salido a la luz pública en este período presidencial?, ¿cuántas de estas han llevado el debido proceso hasta sancionar a los responsables?, y ¿cuántas de éstas detuvieron su curso al momento de dejar de ser noticia del momento?, es suficiente ver a muchos de los sospechosos a quienes se les monta una campaña mediática de desprestigio, al pasar pocos días cuando la denuncia ya no es noticia, regresan campantes a sus cargos públicos o se pasean a vista y paciencia de todos. Caso evidente es lo ocurrido con Telconet, cuyo gerente afirma desconocer el origen de un depósito millonario de 13,5 millones (como que fuera un ínfimo valor), el cual ha ofrecido consignar (no devolver) ante el estado, de acuerdo a su flujo de caja lo que lo convierte en un jocoso ofrecimiento. Esto significa que posterior al debido proceso esos valores de verificarse su ilicitud pueden ser dispuestos por el estado ecuatoriano, sin embargo el gobierno ya ha hecho su parte política, comprometiendo dichos valores al pago pendiente que existe en favor de los jubilados y que asciende a la suma de 1.200 millones, como comúnmente se diría “algo es algo”.

No pretendo ser aguafiestas, pero la recuperación de dineros producto del esquema sistemático de corrupción del cual la sociedad ecuatoriana ha sido víctima, no logrará su cometido siempre que se continúe con acciones descoordinadas entre gobierno, Fiscalía General, Contraloría, al amparo de un sistema judicial muy cuestionado, más aún cuando muchos de los responsables siguen enquistados en varias instancias de las instituciones pertenecientes a los distintos poderes del estado.