Contraloría encuentra 23 ‘novedades’ en los concursos para jueces nacionales

TRABAJO. Los jueces nacionales son la última instancia dentro de un proceso judicial.
TRABAJO. Los jueces nacionales son la última instancia dentro de un proceso judicial.

Contraloría realizó la lectura del borrador de informe al concurso de 2011 y las renovaciones de 2014 y 2017.

Los concursos de méritos y oposición para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, y sus renovaciones parciales, entre el 26 de julio de 2011 y el 17 de mayo de 2018 fueron analizados por la Contraloría General del Estado. En el informe borrador, leído ayer, se recogen 23 conclusiones preliminares de “novedades” y presuntas irregularidades en la selección.

El periodo comprende la etapa de transición del Consejo de la Judicatura, entidad encargada de realizar los concursos, que era presidida por Paulo Rodríguez, y después por Gustavo Jalkh. La Contraloría hizo un análisis de las fases de verificación de idoneidad, méritos y oposición del concurso de 2011, para la designación de 42 jueces y conjueces nacionales. Durante el proceso, la Dirección Nacional de Personal de la Judicatura identificó novedades.

El 40% de las novedades se halló en los documentos de experiencia laboral, el 20% en certificaciones académicas, 20% en otros documentos y 30% en declaraciones juramentadas.

A pesar de estas novedades, el informe se aprobó sin que se haya verificado la subsanación de los documentos con inconvenientes, provocando que sin cumplir los requisitos mínimos, los postulantes continuaron en el proceso.

Otras inconsistencias
En la fase de méritos, la Contraloría encontró que, en un primer momento, documentos como acciones de personal y contratos no tuvieron calificación, pero que en la recalificación se les otorgó un puntaje.

De esta manera, los postulantes recibieron entre 0,5 y 6 puntos en la recalificación con documentación que no cumplía los parámetros establecidos en el Reglamento de la Judicatura para el concurso de jueces. Por ejemplo, había publicaciones que no tenían los estándares del IEPI y del ISBN.

Mientras que para la fase de oposición, la Contraloría no pudo acceder a los pruebas técnicas y prácticas, por lo que no se pudo verificar si las notas publicadas fueron las alcanzadas por los postulantes.

Tampoco se pudo dar un seguimiento al concurso porque no se publicaron en la página web los resultados por cada fase. Pero se concluyó que de los 64 postulantes, hubo 42 ganadores, pero que en más de 20 casos recibieron entre 0,5 y 11,5 puntos adicionales en la fase de méritos.

No se respetó la prelación de los puestos más altos, porque se declaró ganador a quien estaba en el puesto 26, dejando de lado a quien ocupaba el 15, sin que se evidenciara una justificación. Tampoco se respetó la paridad, porque el 62% fueron hombres y el 38% mujeres, cuando la norma establecía máximo el 60%.

Renovaciones
En los concursos de 2014 y 2017, la Contraloría identificó que no se utilizó el sistema digital diseñado para esos procesos, subutilizando el sistema informático. No se presentaron los resultados, tanto de la recalificación de las pruebas teóricas ni prácticas, lo cual no permitió la transparencia del concurso.

Igualmente, hubo documentos puntuados de manera discrecional en la fase de méritos y no se consideró a los mejores puntuados de 2011, que tenían calificaciones más altas a los postulantes en 2014.

En todos los procesos, la Contraloría también identificó que el Comité de Expertos, que realizaba una valoración de los méritos, no era independiente, porque sus integrantes constaban en la nómina del Consejo de la Judicatura. (AGO)