Situaciones como la de una mujer venezolana que no podía ni registrar a su hija nacida en Ibarra y ni cruzar a Perú; o la de un funcionario que solicitó documentos apostillados para inscribir a los niños en el sistema de educación, en Piñas, han sido resueltas por la delegación de la Defensoría del Pueblo, en El Oro.
Jessica Coello, delegada provincial, comentó que, en 2018, un total de 88 casos se registraron en esa provincia fronteriza con Perú. Jorge Acero, delegado de Sucumbíos, comentó que al norte, en cambio, se registran ingresos de hasta 150 personas al día.
El panorama es distinto en cada parte del país, comentaron los delegados, quienes estuvieron presentes ayer en una rueda de prensa de la defensora del Pueblo, Gina Benavides.
Exhorto al Estado
Sobre los anuncios del Gobierno de pedir a los venezolanos su pasado judicial, Benavides solicitó que no se ponga en marcha esa medida, pues “podría agravar la crisis migratoria y fomentar la irregularidad, el riesgo de explotación laboral, trata de personas y tráfico ilícito de migrantes”.
Además, pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que active los mecanismos diplomáticos y consulares para garantizar la protección de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela, frente a posibles actos en su contra. Al Ministerio de Interior que garantice la protección de defensores de Derechos Humanos que han sufrido amenazas. Al Ministerio de Educación que asegure el retorno a las aulas de niños venezolanos y a disponer que las instituciones precautelen su seguridad. A los Gobiernos locales que impulsen políticas que fortalezcan la convivencia.
Con respecto al panorama educativo en Ibarra, Katherine Andrade, delegada de Imbabura, confirmó que se conoció que el lunes 21 de enero, 359 estudiantes venezolanos de un total de 473 no asistieron a clases y, el martes 22 se registraron 150 inasistencias. (PCV)
Esfuerzos conjuntos
° Más de 20 organizaciones de mujeres enviaron una carta a Lenín Moreno. Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, dijo que una de las peticiones al Presidente es que se implemente de forma real la Ley de erradicación de la Violencia contra la Mujer. Eugenio Arellano, obispo vicario apostólico de Esmeraldas, también rechazó los casos de violencia y xenofobia y pidió a toda la sociedad que se una para erradicarlas. Por su parte, 16.917 personas recibieron asistencia humanitaria de Cruz Roja Ecuatoriana de junio de 2018 a enero 2019.