Entre ellos está la falta de información financiera y un análisis adecuado del costo beneficio.
El Gobierno, a través del consejero presidencial Santiago Cuesta, ha anunciado que es una decisión tomada avanzar en la concesión de todas la empresas públicas que puedan dejarle ingresos y beneficios al Estado. Sin embargo, hay al menos cuatro riesgos con el modelo propuesto de adjudicación del 100% de la administración a inversionistas privados.
En primer lugar, el mismo Cuesta ha confirmado que ninguna de las empresas públicas, comenzando por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), tiene estados financieros ni una contabilidad confiable.
Esto quiere decir, según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, que no se puede saber con certeza la situación económica, financiera, laboral y tributaria de las instituciones que se están intentando concesionar a terceros.
Al respecto, Napoleón Santamaría, experto tributario y económico, puso como ejemplo el caso de CNT, cuya última auditoría externa data de 2015. “La auditora de ese año se abstuvo de opinar sobre los estado financiero. Es decir, las cifras no son confiables, por lo que no es viable concesionar”, apuntó.
Hay que estar alerta
Esta falta de información financiera lleva al segundo riesgo. Sin datos ciertos no es posible hacer un análisis adecuado de costo beneficio para saber si resulta un buen negocio concesionar, o por el contrario, sería mejor mantenerlo en manos públicas.
TOME NOTA
El 30 de enero, varios sindicatos y movimientos sociales harán una movilización nacional contra la concesión de empresas públicas y el manejo económico del Gobierno.“Antes de cualquier cosa, el Gobierno debería examinar íntegramente las cuentas de las empresas públicas. No puede ser que por la premura de conseguir liquidez inmediata se hagan malos negocios que luego pagamos todos los ecuatorianos”, aseveró Carrera.
Cuesta comentó que hacer una reconstrucción de la contabilidad y los estados financieros tomaría demasiado tiempo. Por eso, las autoridades proponen un mecanismo exprés.
“Como no hay contabilidad. Cómo puedes vender una compañía que no sabes cuáles son los activos. Entonces se decidió empezar por hacer un inventario de los activos. Una vez que se tenga eso, pasar esos activos a una compañía nueva, que va a ser 100% del Estado. Esa compañía es la que se ofrece para la concesión sin ningún pasivo, a excepción de los pasivos laborales”, aseveró.
La vieja compañía, con todos los otros pasivos, según el consejero, se quedará en manos públicas, con el fin de investigar los malos manejos y establecer responsabilidades.
¿Qué pasará con los ingresos?
Carrera consideró que este mecanismo tiene un alto riesgo de servir para licuar deudas, y que los costos terminen siendo asumidos por la ciudadanía. “En otras palabras, le dejan toda la carne a la empresa privada y nosotros nos quedamos con los huesos”, puntualizó.
Finalmente, no hay certeza sobre cómo y dónde se utilizarán los ingresos procedentes de las concesiones. Cuesta afirmó que el 50% iría a pagar parte de la deuda cara que tenemos, y el otro 50% serviría para crédito a través de la banca pública.
“El Gobierno deberá establecer una ley donde quede claro para qué fines específicos están los ingresos de las concesiones. No basta con la buena voluntad del Ejecutivo”, concluyó Carrera. (JS)