RICARDO VERA CALDERÓN
Las autoridades ejecutivas de los Gads terminan su mandato en mayo de este año, lo que genera que sus procesos de planificación y ejecución de su gestión son interrumpidos casi a medio periodo. Esta situación implica que los presupuestos sean prorrogados, y que posiblemente el nuevo gobernante se posesione con casi todos los recursos ya comprometidos, lo que afectaría su gestión de entrada, ya que se limitaría a ejecutar lo realizado por su antecesor y a planificar su siguiente periodo.
Precisamente la última situación, y ante hechos que han sido públicos las últimas semanas, es que se presenta la preocupación relacionada con los contratos de última hora. No es ilegal hacerlo, puesto que hasta el último día están facultados para administrar los recursos, pero si se raya en el límite de lo ilegítimo, principalmente al contratar grandes obras que comprometen millones de dólares, y más aún si su entorno no es completamente favorable y con observaciones hasta del ente rector de la contratación pública (Sercop), tales como la ampliación de la vía a Quito en los tramos La Unión del Toachi – Santo Domingo, o el denominado Parque Temático del Agua.
Ejecutar acciones de esta naturaleza, podrían demostrar que hay indicios de desesperación y de errores en la planificación operativa, ya que la transición debería ser ordenada, técnica y sistemática. Dejar firmando un contrato a las puertas de salir, de algo que genera polémica, con largos plazos, y que comprometen millones de dólares; no creo que sean algo tan ético para quienes intentan demostrar coherencia. Cuando se entienda que las políticas públicas van en función del cantón o la provincia, y no del periodo del administrador de turno, muy posiblemente la planificación será sensata.