Las reformas al Reglamento de la Ley impiden que sea destruido lo incautado.
A través del Decreto Ejecutivo 649, publicado ayer en el Registro Oficial, entraron en vigencia reformas al Reglamento General de la Ley de Minería. El objetivo principal es precautelar que los materiales incautados por la actividad ilegal sean procesados de manera adecuada y sirvan para financiar las actividades de control y las operaciones de la Empresa Nacional Minera (Enami).
En este sentido, con las modificaciones a los artículos 97 y 99 del Reglamento, en primer lugar, se establece que todos los minerales, maquinarias y equipos incautados en los operativos contra la minería ilegal ya no podrán ser destruidos por orden judicial, sino que serán entregados a la Enami para que pueda obtenerse ingresos adicionales.
Estos ingresos, con el procesamiento y comercialización de los minerales y el remate de la maquinaria y los equipos incautados, deberán ir a la cuenta única del Tesoro Nacional, para que luego el Ministerio de Economía transfiera los fondos necesarios para las inspecciones y controles mineros y para las operaciones de la Enami.
El plan
Pedro Mera, ingeniero geólogo y experto en actividades mineras, explicó que tal como estaba la normativa, emitida en 2009, solo se podía vender el material mineralizado en bruto, sin ningún tipo de proceso, con lo que los ingresos para el Estado eran, al menos, tres veces menores o incluso cero cuando se ordenaba la destrucción.
En un plazo de 90 días, contados a partir de la publicación en el Registro Oficial, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y el Ministerio de Economía deben expedir toda la normativa secundaria necesaria para el cumplimiento de las reformas.
500 puntos de minería ilegal
Andrea Cárdenas, directora ejecutiva de la Arcom, explicó que, lamentablemente, ha habido un crecimiento de la minería ilegal, sobre todo con el auge, durante el último año, en Buenos Aires, provincia de Imbabura.
“Tenemos ubicados aproximadamente 500 puntos de minería ilegal en todo el país. De esos, 166 están considerados como de alta conflictividad. Además de Buenos Aires, hay problemas en el Alto Nangaritza, en Zamora Chinchipe, o Pucul, en Cuenca”, subrayó.
4.762
derechos mineros están registrados en el catastro de la Arcom. De esos, el 46%, o sea 1.295 autorizaciones corresponden a minería artesanal.El año pasado se efectuaron 156 operativos, en conjunto con Fiscalía y Policía, entre otras instituciones. El resultado fue el decomiso de 14.927 bultos de material mineralizado. También se llevaron a cabo 3.082 inspecciones de títulos mineros en todo el país.
A pesar de los avances en los controles, Cárdenas reconoció que en 2018 salieron un poco más de 500 millones de dólares de materiales mineralizados procedentes de actividades mineras ilegales.
“Aparte de las reformas al reglamento general de la Ley de Minería, con el fin de que el material no sea solo subastado, sino más bien procesado; también estamos avanzando en otras modificaciones para fortalecer los procesos de inspecciones y los operativos”, concluyó. (JS)
Actividad en Quimsacocha se definirá en consulta
“¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Kimsakocha (Quimsacocha)?”, esa es la pregunta de consulta popular que deberán responder los pobladores del cantón Girón (Azuay) este 24 de marzo, junto a los comicios seccionales.
La consulta es impulsada por sectores indígenas como la Ecuarunari, que cuestiona el extractivismo en fuentes de agua, ya que consideran que es atentatorio contra la naturaleza y los pueblos que se asientan en su alrededor.
El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el plan operativo de esta consulta a la que están convocados 15.363 electores de tres parroquias de esa jurisdicción.