La fiscal encargada, Ruth Palacios, durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, anunció que están abiertas indagaciones en contra de 19 asambleístas por presuntas irregularidades. Esto, sin dar nombres mientras duran los procesos indagatorios. Es decir, un 13,86% son investigados por presuntas irregularidades.
Hoy, el Pleno de la Asamblea Nacional discutirá las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Dentro de lo propuesto está la creación de una comisión ocasional de ética para revisar que los asambleístas no cometan actos de corrupción.
¿Por qué hacerlo? Todo empezó hace seis meses con la denuncia de la exasesora Andrea Utreras hacia la asambleísta Karina Arteaga. ¿El motivo? Cobro de ‘diezmos’. Desde entonces, una de las batutas para combatir estos casos de corrupción la tomó el asambleísta Fabricio Villamar.
En menos de tres meses, tres legisladoras dejaron sus curules: Norma Vallejo, por el cobro de ‘peajes’ a sus asesores; Sofía Espín, quien visitó a la exagente Diana Falcón, involucrada en el secuestro del activista Fernando Balda; y Ana Galarza, quien conocía del mal uso de la tarjeta de ingreso de su asesora y que ahora debe defenderse ante denuncias por tráfico de influencias.
A pesar de que sólo tres casos han llegado a sentencias administrativas dentro del Pleno de la Asamblea Nacional, cuando comenzó el escándalo de los ‘diezmos’ se conocieron al menos diez denuncias de este mismo estilo.
Algunos casos
Fue Andrea Utreras quien denunció que la asambleísta Karina Arteaga le cobró mensualmente una cuota desde su salario para pagar gastos personales. Arteaga, ante las acusaciones, ofreció declaraciones a la prensa donde destacó que Utreras trabajó poco tiempo en su despacho y que la denuncia “carecía de evidencias”. El caso llegó a la Fiscalía.
Marta Campoverde, exasesora del asambleísta Tito Puanchir, lo acusó de haberle prestado más de 9.000 dólares y nunca pagarlos. Campoverde relató que cuando estaba en el despacho del Puanchir, el asambleísta le pedía constantes préstamos desde su sueldo. Campoverde solicitó a la presidenta del parlamento, Elizabeth Cabezas, que iniciará la investigación administrativa, mientras que Puanchir se defendió indicando que había cancelado toda la deuda.
Washington Añasco acusó al asambleísta Sebastián Palacios de haberle entregado más de 30.000 dólares a cambio de favores y cargos dentro de la Asamblea Nacional. El encargado de formalizar la denuncia fue el abogado Gonzalo Realpe, quien además recalcó que el funcionario comprometía a su defendido a darle mantenimiento a sus vehículos. Por su parte, Palacios negó las acusaciones ante Fiscalía donde el procedimiento sigue abierto.
La legisladora Johanna Cedeño fue denunciada por Vanesa Guerra, y como pruebas presentó depósitos y mensajes de WhatsApp en los que se le pedía que se “pongan al día” con las contribuciones “al partido”. Además, Guerra presentó mensajes donde le solicitan la compra de telas y se detallan características y la dirección del almacén requerido, supuestamente, por la Asambleísta.
Lenín Rodríguez rinde su versión
° Ayer inició oficialmente la indagación previa en contra de la exasambleísta Ana Galarza con el reconocimiento de firma y rúbrica del denunciante, Lenín Rodríguez. El antiguo colaborador de Galarza dio además su testimonio en el que confirmó lo que había dicho en la Asamblea: que una asesora de la legisladora no estaría trabajando en Ambato y que su tarjeta magnética era usada por su esposo para ingresar a la Asamblea. Rodríguez también insistió en su pedido a la Fiscalía de ingresar al sistema de protección a víctimas y testigos. Según su declaración ha recibido amenazas a través de cuentas de redes sociales que se estarían creando únicamente con ese efecto. (AGO)