El expresidente habría conocido de la negociación con el Consorcio DGC. Habrá un pedido de acusación particular.
El primero de marzo del año pasado, el entonces contralor Pablo Celi le envió al exfiscal Carlos Baca Mancheno un alcance al informe con indicios de responsabilidad penal sobre el campo Singue.
Le pedía que dentro de la investigación se tome en cuenta también a otros exfuncionarios que conocieron del proceso de licitación y contratación del campo en Sucumbíos, incluido al expresidente Rafael Correa.
La razón: había una carta dirigida al exmandatario por parte de César Guerra, representante de Dygoil, una de las empresas del Consorcio DGC, al que se le adjudicó el contrato. En la misiva ingresada en Presidencia, como constataron los entes de control, se le hacía saber a Correa que se había negociado el precio del barril de petróleo en 29,3 dólares. El contrato, finalmente, se fijó en 33,5 dólares por barril.
En un ‘tuit’, Correa negó conocer a la empresa o la carta y decía que tratar de vincularlo “demuestra el grado de ridiculez al que está dispuesto a llegar Celi con sus patrones, para tratar de acusarme de algo”.
Esa carta reposa en la Fiscalía, que antes de ayer solicitó audiencia de formulación de cargos por el delito de peculado en contra del exvicepresidente Jorge Glas, quien se desempeñaba como ministro de Sectores Estratégicos, los exministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, además de otros ocho exfuncionarios (Milton Jiménez, José Burgos, Julio Cárdenas, René de Mora, Fabián Herrera, Gustavo Donoso, Ramiro Cazar y María Espinoza).
5,2
millones de dólares fue la glosa establecida por Contraloría en contra de Glas, Pareja Yannuzzelli y otros. Sin embargo, la fiscal general (e), Ruth Palacios, no incluyó a Correa ni a Silvana Pástor, hija del exministro. Ella era la administradora de la empresa Gente Oil Development Ecuador LLC., también parte del Consorcio.
Este hecho sorprendió a Fernando Villavicencio, activista que en 2005 solicitó a la Contraloría que se hiciera el examen especial. Por eso, ingresará un pedido para ser incluido dentro del proceso como acusador particular. Su intención es solicitar que se investigue a Correa y a Silvana Pástor.
Pero también a Ivonne Fabara. Ella estuvo a cargo de la modificación del contrato, en 2014, como secretaria de Hidrocarburos. Según Villavicencio, tenía que haber mejorado la tarifa en beneficio del Estado, pero no lo hizo. Esto después de que se conoció que las reservas iniciales de petróleo, con las que se había negociado el contrato, eran menores a las reales.
Tras conocerse el pedido de Fiscalía, Correa criticó en redes la decisión. “¿Más desprestigio para Fiscalía? Los informes de Contraloría, peor aún en área petrolera, no sirven para nada, y solo son motivados por odio”, dijo.
Otros procesados
Después de la solicitud de Fiscalía, Harrison Salcedo, abogado de Glas, quien está preso seis años por asociación ilícita, dijo que “técnicamente no están justificados los presupuestos” del delito de peculado.
Por lo que señaló que durante la instrucción fiscal presentarán “toda la prueba de descargo para presionar a Fiscalía que actúe con imparcialidad y no hacer una acusación solo por el furor político de estas épocas de elecciones”.
A su criterio, para comprobar un delito debe existir participación directa y un beneficio a partir del peculado, elementos que Fiscalía no tendría dentro del expediente.
Por su parte, Miguel Revelo, abogado de Pareja, señaló que no dará declaraciones hasta revisar los más de 80.000 documentos que reposan en los archivos de Fiscalía. Los abogados recibieron la notificación de que a partir de hoy a las 09:00 podrán revisar el expediente. (AGO)