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Cuestionamientos por fallo judicial a favor de Iván Espinel

FEB, 17, 2019 |

CORRUPCIÓN. Iván Espinel ha sido acusado de peculado y de enriquecimiento ilícito. (Foto: Archivo)

Redacción GUAYAQUIL Y QUITO

Representantes de diversos sectores cuestionan el fallo del Tribunal de Garantías Penales del Guayas, que ratificó el viernes por la noche el estado de inocencia del exministro Iván Espinel y de otros siete procesados por el presunto delito de peculado. 

Cabe señalar que el exministro de Inclusión Económica y Social (MIES) aún enfrenta una orden de prisión en firme por un delito de lavado de activos. La causa penal se tramita en la Unidad Multiconpetente de Samborondón.

Esto, pese a que el viernes, en horas de la noche, el Tribunal de Garantías Penales de Guayas, compuesto por Dora Vargas, Smirnova Calderón y Edwin Logroño favoreció a Espinel declarándolo inocente de peculado, configurado a través de pagos irregulares de facturas a clínicas privadas y prestadoras de servicios médicos, a la red de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Hay que recordar que en el primer caso, la jueza de Samborondón, Paola Dávila, ordenó la prisión preventiva del exfuncionario, sobre la base de una indagación fiscal que determinó que Espinel recibió dineros por un monto de 669 mil dólares, pero no logró justificar 378 mil dólares.

Pero tras el fallo del tribunal, el fiscal Walter Jaramillo dejó notar su descontento con la actuación de los magistrados, al sostener que la indagación consolidó pruebas fehacientes del cometimiento del delito, pero aún así, resolvieron absolver a quien también fue candidato a la Presidencia.
 

De 43 millones a 5.900 dólares

César García, abogado de Espinel, tras conocer la resolución, mantuvo la retórica expresada durante la diligencia que inició en enero y finalizó recién la noche del 15 de febrero. En ese sentido, dijo que no hubo delito y que se ha demostrado que jamás hubo un mal manejo de 43 millones de dólares, según la tesis de la Fiscalía, que al final bajó la cuantía a 123 mil dólares.

“El informe de Contraloría tenía un monto de 43 millones de dólares y cuando el fiscal acusó, lo hizo por 123 mil dólares y al momento de individualizar los valores a los ocho procesados, acusó a Espinel por 5.900 dólares”, explicó García.


Rechazo a la decisión

Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, manifestó que la administración de Justicia va en contravía de cualquier intento de luchar contra la corrupción y que el caso Espinel es el claro ejemplo de que los jueces continúan actuando bajo la lógica de favorecer la impunidad en los grandes casos de corrupción, a pesar de la voluntad política del presidente, Lenín Moreno, o de cualquier otro actor de Gobierno, de combatirla. “Mientras tengamos los mismos jueces vamos a tener las mismas sentencias”, advirtió. 


Este y otros casos que ofenden al país, nos obligan a tener nuestros ojos puestos en la Justicia. No es posible luchar contra la corrupción y el delito si fiscales y jueces no hacen su parte, indignante”. María Paula Romo. Ministra del Interior
El pronunciamiento de los jueces también fue rechazado por el presidente del Frente Popular, Nelson Erazo, quien dijo que es una evidencia de que hasta el momento, la Justicia no ha cambiado y que aún se encuentran en su sistema de administración magistrados que representan los intereses del correísmo, “que harán hasta lo imposible para que los responsables de la corrupción en este país se beneficien de las mejores sentencias”. 




Julio Arévalo, exjuez de Guayas y activista judicial, estimó que el fallo va a traer cuestionamientos, especialmente, el de una sociedad que no ha tenido acceso al expediente y que únicamente conoce del mismo a través de las noticias. “La ciudadanía ya declaró culpable a Espinel desde que se conoció de los presuntos delitos que cometió”, anotó.

La asambleísta por la Izquierda Democrática, Wilma Andrade, considera que los jueces en su fallo no analizaron a profundidad las circunstancias y los hechos que generaron el proceso. 

“No puede ser que después de que hay informes de la Contraloría, que son contundentes, como el informe fiscal (…), un juez dé una resolución que a la larga genera desconfianza en la Justicia”, dijo la legisladora. 

Añadió que este tipo de actuaciones judiciales lleva a creer a la ciudadanía que la impunidad campea en el país. “El juez se burla de los ecuatorianos y de la Justicia al dar una sentencia que solo favorece al corrupto, no al país”, dijo. (DAB/HCR)


Más voces en contra

Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura (CJ) emitió ayer un pronunciamiento sobre la actuación de los miembros del Tribunal Penal de Guayas.

Incluso, deja en claro que como órgano de Gobierno no puede intervenir en la administración de Justicia; sin embargo, manifiesta que no permitirá actos de corrupción e impunidad en el interior de la Función Judicial.

“El CJ estará pendiente del recurso de apelación de la Fiscalía del Estado, por el cual el órgano superior ratificará o revocará esta decisión y verificará si la actuación de los jueces fue conforme a derecho, caso contrario, el organismo iniciará las acciones disciplinarias respectivas”, detalla en un comunicado de prensa.

Además, adelantó que dispuso a las direcciones nacionales de Transparencia y de Gestión Procesal, iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de determinar la existencia o no de irregularidades administrativas en la tramitación de este caso.


 

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