Entre los grandes desaciertos del régimen de gobierno anterior fue establecer como política de Estado la estatización de todos los sectores estratégicos y servicios públicos a nivel de gobierno central y gobiernos seccionales. Tras un constante discurso que satanizó las alianzas público – privadas y concesiones, se publicó en octubre de 2009 la Ley de Empresas Públicas, la cual incentivaba a los distintos niveles de gobierno a constituir empresas públicas para un manejo “empresarial” de lo público, el resultado ya lo conocemos, en su generalidad las empresas públicas se convirtieron en un botín político para engrosar la burocracia, prestar deficientemente servicios públicos, y convertirse en el espacio idóneo para los grandes negociados que tienen detenidas las megaobras que se ostentaban en aquella época, y que ahora están paralizadas o funcionando “a medias” sin generar recursos en favor del Estado. Diseñaron el andamiaje legal perfecto, previo acuerdos con empresas públicas estatales de la comunidad internacional implementando en nuestro ordenamiento jurídico un régimen de contratación directa que dio lugar a los más grandes abusos y sobreprecios que no tardaron en salir a la luz. Años más tarde, como era de esperarse, y luego de haber transcurrido dos años en el actual gobierno, “se descubre” el estado calamitoso de las empresas públicas, que incidirá entre otras cosas en la reducción de personal en alrededor de 3.000 trabajadores, y en ese preciso momento es que aparecen los “manos limpias” para con golpes de pecho decir que el gobierno actual es el responsable de la situación económica, cuando en los tiempos de bonanza incrementaron despiadadamente el número de burócratas bajo un silencio cómplice desde su zona de confort, y ahora reclaman en calidad de afectados.
En paralelo se discuten los mecanismos de concesionar determinadas empresas públicas, los que se resisten señalan que se entregarían las joyas de la corona a los inversionistas privados, cabe la pregunta ¿aún creen que el Estado puede ser más eficiente en el manejo de empresas públicas? A mi criterio ¡no! El Estado debe centrarse en la regulación y control, en la gestión de servicios públicos bajo reglas justas y claras debemos dejar que asuma el riesgo e inversión el sector privado (no privatizar), esta será una de las pocas alternativas para que gobierno central y municipios permitan generar adecuadas condiciones de desarrollo, frenar el endeudamiento y alcanzar un crecimiento sostenido.