Redacción QUITO
Una larga historia de abusos repetitivos, falta de pago, enfermedades laborales, maltrato, trabajo infantil, falta de acceso a servicios básicos y otros tipos de maltrato evidenció el informe sobre la situación de los trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones C.A., desde su llegada a Ecuador en 1963.
El documento que hoy ha presentado la Defensoría del Pueblo, además de confirmar los reclamos de los trabajadores y extrabajadores de las haciendas de explotación de fibra de abacá, exhorta a varias instituciones del Estado para que actúen de inmediato.
Los resultados se entregarán a la Fiscalía para que pueda empezar con la investigación de todos los presuntos delitos que ha cometido la empresa que tendría en su poder más de 2 mil hectáreas entre Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas.
El Dato
Al momento se ha verificado que existen al menos 236 trabajadores de la empresa.A la Secretaría nacional de la Gestión de la Politica le ha instado a que coordine acciones con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Trabajo para poner fin a las explotaciones. Gina Benavides, defensora del Pueblo, explicó que las instituciones tendrán un plazo de ocho días, que puede extenderse a 10, para determinar las acciones que tomarán.
Afirmó que la Defensoría hará seguimiento al caso para que sean las carteras de Estado las que actúen según sus competencias. De acuerdo a los alcances de la Defensoría, Benavides dijo que se está evaluando una acción de garantía jurisdiccional.
La situación la dieron a conocer un grupo de extrabajadores de la empresa que trabaja con dos modalidades: contratos de arrendamiento y compra directa pero restrictiva pues los trabajadores no pueden vender la fibra a otras empresas.
Las visitas para comprobar la situación se realizaron desde octubre y según Francisco Hurtado, agregado de derechos humanos de la Defensoría, en enero el Ministerio de Trabajo ya emitió algunas multas ligadas a 31 incumplimientos laborales por parte de la empresa.
En la presentación pública del informe estuvieron presentes trabajadores y extrabajadores que exigen que sus derechos sean restablecidos pues muchos están y estuvieron vinculados a la empresa que exporta el material a Japón, Estados Unidos y otros países y que, en algunos casos, se les ha llevado la salud e, incluso, algunas extremidades del cuerpo. (PCV)