Una firma no mata a la impunidad

FEB, 22, 2019 | 00:10 - Por Diego Cazar Baquero

Diego Cazar Baquero

Luego de 13 años, un gobierno ecuatoriano suscribe la Declaración de Chapultepec. Pero la firma de este documento no es, por sí sola, garantía de nada. Una gran noticia, sí, pero nada más que eso, por ahora. 

Las instituciones del Estado –durante los últimos dos años– han actuado con escasa celeridad y harta desidia ante casos de violación de derechos fundamentales y de la libertad de expresión, en particular. La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el relejo de que es posible lograr cuerpos legales y ponerlos en vigencia, pero estos, muchas veces, carecen de reglamentación suficiente y son inaplicables. 

Las instituciones no entregan información completa o la manipulan. O, lo que es peor, jueces y fiscales se esfuerzan por convertirse en ilusionistas hábiles para evadir sus obligaciones a conveniencia o para ignorar las leyes frontalmente.

“El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa”, dice el documento. 

Ceñidos a esto, más allá del carácter propagandístico y de la limpieza de imagen para este Gobierno, la adhesión a la Declaración de Chapultepec le conmina a asumir un compromiso urgente para remediar la negligencia estatal ante casos como el secuestro de los miembros de diario El Comercio, que un año después continúa empañado de silencios impunes. 

Hablar de un cambio determinante de estilo de gobernar es apresurado y puede parecer congraciarse con quien está obligado a propiciar prontitud en las investigaciones pendientes y severidad en las sanciones. 

La libertad de expresión no se protege con una firma, pantallazos y palmaditas en la espalda. La evasión y el silencio también son cómplices de la impunidad. El Gobierno debe disponer que todo el aparato estatal inaugure el hábito de proteger el derecho inalienable de todo un pueblo y sus libertades. Solo así una firma como esta será algo más que una mancha de tinta para salir en las fotos. 


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