Quienes están privados de libertad se han vuelto hombres sin rostros, sin nombres, sin acceso a servicios básicos. De cada 10, tres aún no han recibido sentencia: podrían ser inocentes, podrían ser usted, cualquiera.
Los abusos no son recientes: es el panorama general que se ha comprobado en varios informes de la Dirección del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Situaciones como el hacinamiento y la sobrepoblación llegarían hasta el 79% en todos los centros de privación de la libertad que hay en el país, que no solo incluyen cárceles, sino centros de adolescentes infractores, unidades de flagrancia y otros.
La información la presentó ayer la directora del mecanismo que es parte de la Defensoría del Pueblo, Gabriela Hidalgo, quien aseguró que las alertas se han estado repitiendo desde hace varios años cuando ya se empezaba a identificar que las condiciones de los reclusos no eran adecuadas.
Con los resultados mostraron que, por ejemplo, en la cárcel de Latacunga, solo el 50% de los presos asiste a talleres y programas que cumplirían con la función de rehabilitarlos, la conclusión fue que la declaratoria de emergencia en el sistema penitenciario es urgente. Los datos muestran que entre 2018 y lo que va del año, 19 personas murieron en la prisión de formas violentas, es decir, hubo más muertes que en el período de 2014 a 2016, en el que se registraron 16 casos de este tipo.
La defensora del Pueblo, Gina Benavides dijo que es momento de una reestructuración completa que no caiga en engaños como las medidas que se tomaron en 2007 y 2010, cuando se destinaron recursos para construir las infraestructuras de los grandes centros regionales, que ahora también están sobrepobladas.
$200
millones se gastaron en los centros
regionales.
Hidalgo y Benavides coincidieron en que las modificaciones en el Código Integral Penal (COIP) y la falta de aplicación de medidas cautelares han hecho que la población carcelaria triplique en los últimos 10 años.
Alternativas
Con respecto al informe de la Defensoría, Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, dijo que la declaratoria de emergencia no es la única alternativa. Reconoció que en las cárceles del país hay hacinamiento, falta de seguridad, mala alimentación y otras problemáticas.
Aseguró que se están tomando acciones para reducir el número de reclusos. Una de ellas será una reunión que ya se ha solicitado con el Consejo de la Judicatura para hablar sobre el abuso de la prisión preventiva, sobre el cual Ecuador ya ha sido advertido por la OEA en dos ocasiones, y la aplicación de otras medidas cautelares.
Pazmiño confirmó que más del 35% de reclusos está preso por delitos con penas inferiores a cinco años. Añadió que se está haciendo una reingeniería del uso del grillete y que las dos principales preocupaciones son la alimentación y la seguridad.
Ricardo Camacho, experto en seguridad, explicó que el sistema carcelario tiene problemas más allá del hacinamiento. Confirmó uno de los resultados del informe de Defensoría que señaló que hacen falta guías penitenciarios en las cárceles.
Dijo que se necesitaría al menos un millón de dólares para que se reparen los equipos tecnológicos de control del ingreso que están dañadas, además para que se implementen cámaras de seguridad en la Penitenciaría del Litoral en la que no hay estos sistemas de control.
Para él, la formación que han recibido los guías no ha sido la adecuada como tampoco lo es el convenio que existe con la Policía Nacional que presta 2.200 uniformados para el control. Ese presupuesto podría destinarse para formar a profesionales especializados y mantener un control mixto en los exteriores.
En los aspectos de salud y bienestar, Camacho dijo que el costo del traslado de los reclusos es alto, por lo que se deberían construir minicentros de salud. Aseguró que los programas de rehabilitación y reinserción no funcionan y que, a pesar de que se han tenido conversaciones con empresarios para que apoyen proyectos de emprendimiento, no se ha logrado nada por falta de voluntad de las autoridades y corrupción. (PCV)
Centros de Adolescentes Infractores
En 11 centros en los que están detenidos menores de edad, el informe de la Defensoría ha detectado malos tratos, insultos y exceso de ejercicio físico. Se evidenció que hay un limitado acceso a actividades por falta de materiales y oferta deportiva, cultural y laboral. No existen actividades los fines de semana. Los reclusos no reciben las cinco comidas diarias que son obligatorias en su situación. También se detectó que el acceso a programas de tratamiento de adicciones es limitado.
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
Naciones Unidas (1955)
° En todo sitio donde haya personas detenidas, se deberá llevar al día un registro empastado y foliado por cada recluso.
° Ninguna persona podrá ser admitida en un establecimiento sin una orden válida de detención, cuyos detalles deberán ser consignados previamente en el registro.
° Deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles.
° Las celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no deberán ser ocupados más que por un solo recluso.
° Cuando se recurra a dormitorios, estos deberán ser ocupados por reclusos cuidadosamente seleccionados y reconocidos como aptos para ser alojados en estas condiciones.
° Todo recluso recibirá una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas.
° Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos.
° El orden y la disciplina se mantendrán con firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común.
° Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias.
Relaciones
humanas de los presos
Los informes constataron que los presos reciben visitas íntimas en los patios de las cárceles, en carpas adaptadas. También se detectó que los vínculos familiares están en riesgo por los traslados de los reclusos a zonas lejanas. Las autoridades informaron que los presos no están separados como mandan las normativas, por lo que son más susceptibles a la corrupción. En salud se detectó que hay falta de medicación, personal insuficiente y tratamiento de adicciones inadecuados.
Intervención urgente
Detectados en informes
° Ibarra
° Tulcán
° Sucumbíos
° Esmeraldas
° Jipijapa
° Guayaquil N. 1
° Machala
° Quevedo
° CPPL Quito
° CAI Machala