Diego Cazar Baquero
El 25 de febrero, el asambleísta de Alianza PAIS Daniel Mendoza presentó un proyecto de ley para “normar el uso responsable de las redes sociales con el fin de garantizar una nueva forma de comunicación responsable”. Sí, lo que no ha creído sensato la comunidad internacional lo quiere hacer un legislador mediante ley.
El confuso ‘Proyecto de Ley Orgánica de uso responsable de redes sociales’ dice que “las redes sociales son medios de difusión de contenidos”, para referirse a sus mensajes como contenidos periodísticos, desconociendo una Ley de Comunicación, imperfecta, como todas, pero que existe.
Cita las figuras constitucionales que amparan la libertad de expresión, pero atenta contra ella y la contradice su exposición de motivos y considerandos. En su Artículo 4 prohíbe la difusión de “información falsa” que no se sustente en “fuentes confiables”; en el 7 demanda una “autorización expresa de los usuarios para capturar y almacenar información personal”. Así nos distrae de la urgente necesidad de exigir al Estado verdaderas políticas de protección de datos personales.
En el Artículo 13 otorga a proveedores de servicios y herramientas de publicación de contenidos la capacidad de decretar medidas coercitivas en calidad de autoridades. Y en el 10 atribuye al Ministerio de Telecomunicaciones la potestad de recibir denuncias e impartir sanciones. ¿Determinarán lo que es falso y confiable? ¿Con qué criterios? Tal es la confusión, que en el Artículo 8 pide “consentimiento libre del titular de los derechos” para injuriar, deshonrar o difamar.
Este no es el primer intento de regular redes en Ecuador, un país de analfabetos digitales. Es una nueva señal del nivel de inocencia o de perversidad con el que hablamos de derechos en la era digital.
Lo peligroso no es tanto lo que hagan o dejen de hacer los usuarios en redes, sino que haya analfabetos digitales que pretendan legislar lo que no comprenden. Es lamentable que los legisladores ecuatorianos no imaginen que hace falta inaugurar procesos y espacios de alfabetización digital, en lugar de fungir de verdugos. ¿Inocencia o perversidad?