María del Carmen Maldonado: ‘Ofrecemos independencia, pero el juez no puede hacer lo que considere y le parezca’

ENTREVISTA. María del Carmen Maldonado recibió a La Hora en su despacho, en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, en Quito.
ENTREVISTA. María del Carmen Maldonado recibió a La Hora en su despacho, en el piso 14 del Consejo de la Judicatura, en Quito.

La Presidenta de la Judicatura defiende la evaluación a los jueces nacionales. Promete independencia.

POR: Alexis Serrano Carmona

Si el día en que termine su gestión le preguntaran a un ciudadano en la calle qué piensa de la Judicatura, ¿qué le gustaría que contestara?

Que es una institución transparente, libre de corrupción.

***

María del Carmen Maldonado pensó por primera vez en ser abogada a los 9 años. Su papá la llevó a hacer “una diligencia” en el expenal García Moreno y ella se conmovió, según me cuenta, con la situación que vivían los presos.

Pero también le gustaba la economía y en el colegio terminó graduándose como físico-matemática. “Recibí un consejo de mi madre. Me dijo: ‘Es mucho más fácil que siendo físico-matemático te destines a un área social, que lo inverso’. Y me ha servido muchísimo. A pesar de ser abogada, tengo esa tendencia a ser concreta y trabajar por esquemas”.

Su camino la llevó, finalmente, a ser doctora en Jurisprudencia, magíster en Cooperación Internacional y Derecho Constitucional y al PhD en Derecho que actualmente está cursando. Y también la llevó a un pequeño periodo como diputada, a ser Procuradora del IESS, asesora jurídica del Consejo de Participación correísta y jueza de la Corte Constitucional correísta, entre 2012 y 2015.

La Presidenta del Consejo de la Judicatura hace esta pequeña retrospectiva de su carrera sentada en la oficina que ocupa, desde hace poco más de un mes, en el piso 14 del edificio. Una oficina elegante, pero aún incompleta.

Lo hace ante sus siete asesores que mirarán la entrevista de principio a fin. Lo hace luego de algunos apuros: “Limpiemos un poco el escritorio, se van a ver esas manchas”, “pero el escritorio se ve muy vacío”, “no importa, pongamos encima esta carpeta”, “préstame tu computadora para ponerle también”.

Lo hace ante una videocámara que pusieron detrás de mi hombro derecho, una cámara de fotos de la Judicatura y las miradas fijas de los otros cinco funcionarios que nos acompañan.

Cuando usted fue nombrada en el cargo, hubo quienes, por sus funciones en el Consejo de Participación y en la Corte Constitucional, la tildaron de correísta. ¿Es usted correísta?

Si lo hubiera sido, lo diría. Pero, de ninguna manera. Yo no he tenido ninguna relación con el expresidente Correa, de ningún tipo. Me ha gustado siempre profundizar el estudio del Estado y lo que he hecho es prestar mis servicios lícitos y personales por alrededor de 20 años, independientemente del Gobierno. Desde mi primer trabajo, todos han sido en una función pública.

Sin embargo, usted fue parte de la Corte Constitucional que permitió muchas de las políticas correístas. En 2014 defendía la definición de comunicación como servicio público, base de mucha persecución.

Lo que yo defendía era la posibilidad jurídica de que la comunicación fuera declarada servicio público; la viabilidad jurídica. La discusión que se ha mantenido durante estos años es política. ¿Por qué le hago esta aclaración? Porque el artículo 314 de la Constitución establece cuáles son los servicios públicos, a través de una enumeración, y luego dice: ‘Y los demás que se crearen por Ley’. Entonces, lo que yo manifestaba era que cualquier servicio puede crearse por Ley, porque hay una remisión de la Constitución.

Entonces, ¿no estuvo de acuerdo con el fondo?

Bien su pregunta para aclarar todo lo que se ha dicho. Resulta que soy la única jueza constitucional que no votó en las enmiendas que permitían la reelección indefinida del expresidente Correa y declaraban a la Comunicación como servicio público en la Constitución.

¿Votó en contra?

No voté.

***

Una de las primeras cosas que hizo Maldonado apenas se posesionó fue convocar a una evaluación a los jueces de la Corte Nacional de Justicia y expedir un reglamento para llevarla a cabo.

Reglamento que le trajo también su primera encrucijada, porque la Corte Nacional, en Pleno, salió para rechazar varias intenciones de la Judicatura. Entre ellas, que los jueces que no alcancen 80% de la calificación sean destituidos y que se hayan aumentado algunos criterios de evaluación, especialmente transparencia y legitimidad.

La Presidenta viste impecable, el cabello lacio, negro, habla pausado y directo. Tiene un discurso aprendido pero, aunque las preguntas la lleven fuera de ese discurso, jamás pierde la calma.

Por ejemplo, remarca la defensa de sus decisiones con esta frase: “Hemos ofrecido independencia judicial pero, de ninguna manera, esto tiene que interpretarse como que el juez tiene carta abierta para hacer lo que considere y le parezca. A la vez que vamos a ser respetuosos, en este mismo momento estamos mejorando los mecanismos de control disciplinario”.

Si le pido una primera evaluación de la Judicatura, ¿cuál sería?

Que es una institución sumamente amplia y compleja. Diría que no encontramos un proceso de evaluación anterior a la Corte Nacional de Justicia, pese a que debieron realizarse en 2014 y 2017. Y que ahora nos hemos decidido a realizar este proceso, que es una evaluación constitucional y legal; pero, más allá de eso, es un pedido de la ciudadanía. Queremos saber quiénes son nuestros jueces y las ejecutorias de nuestros jueces. Mucho más aún considerando que los jueces de Corte Nacional son aquellos facultados a evaluar si los fallos de sus inferiores fueron expedidos en derecho o no.

Otro de los organismos que estuvieron al servicio del correísmo, según el Consejo de Participación transitorio, fue la Judicatura. Para que quede grabado, ¿cómo garantiza su independencia a la ciudadanía?

En primer lugar, quiero referirme a quienes integramos el Pleno. Hemos venido de distintas ternas, remitidas por las instituciones que establecen la Ley y la Constitución. Y estoy segura de que no nos debemos a nadie. En mi caso, de manera enfática, no me debo a bufetes jurídicos, a funciones del Estado, a grupos de poder, a medios de comunicación. Entonces, mi accionar, como toda mi trayectoria, estará solamente sometido a la Constitución y a la Ley.

Se ha dicho mucho, y el informe del Consejo de Participación lo ratificó, que había delegados de la Judicatura en las audiencias, influenciando el trabajo de los jueces. ¿Cómo evitarán que esto siga?

Tenemos denuncias documentadas de que varios servidores del Consejo cesado y también del Consejo transitorio, acudieron a presionar a los jueces. Nos hemos encontrado con esa realidad. Hemos sacado un comunicado indicando y advirtiendo, a la ciudadanía y a la Función Judicial, que hay incluso exservidores que, haciéndose pasar por servidores, están ejerciendo presión sobre los jueces. Incluso, hemos dado una vía para que se identifique a esas personas. La lista de servidores está en nuestra página Web, la ciudadanía puede ingresar y verificar si una persona está o no.

Usted ha hecho mucho énfasis en sus entrevistas en que la Judicatura no imparte Justicia. ¿Por qué?

Se siente, a través de las preguntas de los ciudadanos, que muchos creen la Judicatura puede determinar y sancionar, en caso de que un fallo no esté apegado a derecho. La Constitución determina, en su artículo 178, los órganos encargados de administrar Justicia y a nosotros nos encarga la competencia de administración, control y vigilancia de la disciplina. El Consejo de la Judicatura no puede tener una posición respecto del criterio emitido en los fallos, pero sí estamos, desde ya, fortaleciendo los mecanismos de control disciplinario. Y aquí lo que usted me decía, de si vamos a no a estar presentes en las audiencias: sí vamos a estar. No presionando al juez, pero sí presionando para que las audiencias se lleven a cabo y poder disminuir el número de audiencias fallidas que, en algunas provincias y en algunas materias, son enormes.

¿Y cómo van a vigilar que no se rompa el límite? Que ese funcionario solo verifique que se realice la audiencia, pero no trate de presionar al juez.

Nuestros funcionarios están bien conocedores de que no pueden influir en los fallos. Sin embargo, ya tenemos una experiencia de alguien que fue a ver que la audiencia se realizara y el Juez le acuso de injerencia. Pero la persona de la Judicatura ni siquiera se acercó al Juez. También hay que verlo del otro lado.

Hablando de la evaluación de los jueces, ¿cómo piensan garantizar la independencia de los comités de expertos y de evaluación?

Estamos tendiendo puentes con las universidades más prestigiosas del país, para que nos manden a sus más prestigiosos catedráticos. Esa es, sin duda, una demostración de transparencia.

Pero la selección la harán ustedes.

Por supuesto, porque a nosotros nos corresponde dirigir el proceso. Ahí ha habido una incorrecta interpretación sobre el comité evaluador: nosotros no estamos delegando nuestra competencia, lo que estamos haciendo es dirigir el proceso, como manda la Constitución. Y una vez que los comités nos den los insumos, serán aprobados por el Pleno de la Judicatura. Es decir, nuestra facultad de dirección está muy clara. No hay delegación.

¿Cuánto tiempo prevén que pueda durar esta evaluación?

Yo no estoy en este momento… eh… Todavía no elaboramos el cronograma. El cronograma está en elaboración.

¿Pero, en todo caso, no tomará más allá de este año?

Este año, sí.

¿Y qué otras evaluaciones van a realizar este año?

Más que evaluación, tenemos que avanzar con los concursos para llenar vacantes de fiscales y jueces. Parte del derecho a la tutela judicial efectiva es que exista el número de jueces y fiscales adecuado.

¿Cuánto es en este momento la falencia de jueces y fiscales?

Tenemos 842 fiscales y, aproximadamente, una falencia de 400 vacantes. Eso no quiere decir que se vayan a llenar todas. Esa es la información con la que contamos al ingreso a la institución, pero deberemos hacer nuestra propia verificación.

¿Y en cuanto a jueces?

Tenemos 1.979 jueces y hay, más o menos, unas 200 vacantes.

Otro de los argumentos de la Corte Nacional contra el Reglamento era que la Ley establece que los jueces deberían ser cesados tras una segunda evaluación fallida, no a la primera.

Nosotros estamos basando nuestra evaluación en los artículos 88 y 89 del Código de la Función Judicial.

El tercer punto que criticaron fue la inclusión de nuevos criterios de evaluación, los jueces quisieran que fueran solo los criterios cuantitativo y cualitativo.

Los criterios cuantitativo y cualitativo están contenidos en el artículo 89. Pero, adicionalmente, el mismo Código, antes de los criterios mencionados, nos dice que la evaluación será periódica, sin perjuicio de hacerla por muestreo, por irregularidades o por denuncias presentadas contra funcionarios judiciales. De allí se han desprendido los parámetros, con un terminología general de transparencia y legitimidad.

¿Transparencia y legitimidad en su fallos?

En su accionar. Nosotros no vamos a entrar a ver el criterio de los fallos. El elemento cualitativo sí entra a verificar, sin embargo, que estos fallos hayan estado debidamente motivados. Y eso es lo que vamos a hacer.

“Yo no he tenido ninguna relación con el expresidente Correa, de ningún tipo”.

“Queremos saber quiénes son nuestros jueces y las ejecutorias de nuestros jueces”.

“Tenemos denuncias documentadas de que varios servidores del Consejo cesado y también del Consejo transitorio, acudieron a presionar a los jueces”.

“La Judicatura no puede tener una posición respecto del criterio emitido en los fallos, pero estamos fortaleciendo los mecanismos de control disciplinario”.

“Tenemos 842 fiscales y, aproximadamente, una falencia de 400 vacantes. Tenemos 1.979 jueces y hay, más o menos, unas 200 vacantes”.

“No me debo a bufetes jurídicos, a funciones del Estado, a grupos de poder, a medios de comunicación”.