La Corte Constitucional (CC), después de admitir a trámite una acción de inconstitucionalidad por omisión, deberá definir si en las elecciones de los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) provocó la vulneración de derechos constitucionales.
Con un criterio unánime, las juezas Karla Andrade, Carmen Corral y Teresa Nuques admitieron el recurso presentado por el abogado Juan Carlos Benalcázar, pero no las medidas cautelares de suspender el proceso electoral del 24 de marzo.
Esta decisión, desde el punto de vista jurídico, “es equivocada”, de acuerdo con el abogado de Benalcázar, Ismael Quintana, porque la Corte no se pronunciaría antes de las elecciones, provocando que “la violación de los derechos se haya consumado”, señaló.
Dentro del pedido, Benalcázar advertía de una posible amenaza de que los derechos de los ciudadanos a elegir de forma libre e informada y a ser consultados sean vulnerados en las elecciones.
Por dos razones, primero porque el CNE no estaría garantizando que los 43 candidatos debatan y den a conocer sus planes de trabajo, como establece la Ley. Segundo, se estaría realizando una elección cuando, según una encuesta de Cedatos, más del 54% de la población está a favor de la eliminación de ese organismo.
Así, “si la Corte llega a aceptar que hubo omisión del CNE sería gravísimo que le dé efecto retroactivo a la sentencia y que, por ejemplo, pida que se llame de nuevo a elecciones”, cuestionó Quintana.
Argumentos
Las juezas alegan en su resolución, que debido a que está en desarrollo un proceso electoral bajo el Código de la Democracia, ninguna institución ajena a órganos electorales puede intervenir directa o indirectamente en el proceso.
EL DATO
La Corte Constitucional dispuso a las titulares de la Asamblea y el CNE que “intervengan en lo que consideren necesario, defendiendo o impugnando la inconstitucionalidad por omisión demandada”. Lo mismo dijo ayer la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien recalcó que el proceso “continúa con absoluta normalidad, permitiendo la campaña hasta el silencio electoral” y que ahora le corresponde a la institución aportar la información solicitada por la CC dentro de los plazos establecidos.
Pero para Quintana, ese argumento no es suficiente. Él señala que la Corte no analizó completamente el pedido de medidas cautelares, que incluía revisar la constitucionalidad del artículo 16 del Código de la Democracia.
Las juezas resolvieron que no hay el tiempo para analizar la factibilidad de ese pedido. Además, argumentan que “el estado actual del proceso electoral no impide que, tanto el accionante como los particulares, requieran al CNE, la adopción de medidas con el fin de evitar una presunta vulneración de derechos”. Finalmente, que la aplicación de medidas cautelares podría presuponer un riesgo a los derechos de los candidatos y de los ciudadanos. (AGO)
Reformas a la Constitución
° Tras el pedido presentado en la Corte Constitucional (CC), que incluía que la Asamblea proponga una reforma a la Constitución sobre la existencia del Consejo de Participación, ayer la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, señaló que se elaboró un proyecto para modificar las competencias de ese organismo. Ella plantea que el Consejo de Participación no tenga la facultad de nombrar a las autoridades de control.
El abogado Ismael Quintana vio con agrado esta propuesta. A su criterio, espera que la Asamblea haga una reforma parcial, para que el tiempo entre el primero y segundo debate no sea mayor a tres meses, y que sea necesario un referéndum para aprobar los cambios. Este planteamiento ya lo había incluido en la acción de inconstitucionalidad por omisión.