Parecía que se hundía en la silla. Recostaba su cabeza en sus brazos apoyados sobre la mesa, como queriendo descansar. Se deslizaba en el asiento hasta el borde y escuchaba a su abogado con las piernas cómodamente extendidas. Cambiaba de posición cada pocos minutos.
El exministro de Deportes Raúl Carrión estaba en la sala de audiencias, en el ‘mezzanine’ de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), enfrentando después de seis años de espera, la audiencia de juzgamiento en su contra, por el presunto delito de peculado.
Tras varios diferimientos, desde que en julio de 2012, Carrión y sus excolaboradores Patricio Sánchez (exdirector de Infraestructura Deportiva) y Fernando Moreno (exasesor del Ministerio) fueron llamados a juicio, se instaló la audiencia para que Fiscalía expusiera las pruebas testimoniales y documentales en su contra.
La Fiscalía los acusa como autores de la infracción, que se habría producido por la subdivisión de contratos en la construcción del complejo deportivo Río Verde, en Esmeraldas.
Los hechos
La investigación inició con un informe con indicios de responsabilidad penal elaborado por la Contraloría, que analizó el período entre el 1 de agosto de 2006 y el 31 de diciembre de 2008. En ese tiempo, el equipo auditor identificó que el Ministerio del Deporte subdividió 11 contratos en el complejo deportivo, sin el sustento legal o técnico.
EL DATO
El exministro de Deportes Raúl Carrión tiene prohibición de salida del país y presentación cada 15 días en la Corte Provincial de Pichincha.
Según la teoría del caso presentada por la fiscal general (e), Ruth Palacios, Carrión, Sánchez y Moreno aprobaron la subdivisión del proyecto que superaba los 3,5 millones de dólares. La Ley de Contratación Pública permitía esta acción siempre que los contratos fueran en etapas específicas y diferenciadas.
Pero Palacios señaló que eso no ocurrió, sino que todos se adjudicaron en la misma fecha y con plazos cortos para la entrega de la obra. Esto provocó que no se culminaran los trabajos a tiempo y que el proyecto se declarara en abandono.
Para su entrega se necesitó un nuevo contrato por el monto de 6,3 millones de dólares. (AGO)