¿La fundación Eloy Alfaro creada por Correa cumple con su estatuto?

PRONUNCIAMIENTO. Iván Granda, secretario anticorrupción en representación del Ejecutivo, pidió al canciller, José Valencia, que investigue a la Fundación Eloy Alfaro.
PRONUNCIAMIENTO. Iván Granda, secretario anticorrupción en representación del Ejecutivo, pidió al canciller, José Valencia, que investigue a la Fundación Eloy Alfaro.

El Ejecutivo tiene cuestionamientos, pero la Fiscalía asegura que no halló indicios de delito.

El Instituto de Pensamiento Político y Económico Eloy Alfaro (IPPE) es una fundación dirigida por el expresidente Rafael Correa y se dedica a promocionarlo. En su estatuto quedó establecido que si incumple el objetivo para el que fue creada, sería una causal de disolución.

La Cancillería anunció ayer que analizará si la fundación cumple con eso y con el decreto 193, que norma a las organizaciones sociales, ante un pedido presentado por el Ejecutivo.

El 16 de agosto de 2017, a unos meses de la salida de Correa del poder, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió un acuerdo con el que se le dio personería jurídica.

Unos días antes, el miércoles 5 de julio, a las 19:00, Correa junto con Gabriela Rivadeneira, Carol Murillo, Guillaume Long, Nicolás Reyes, Pabel Muñoz, Ernesto Carrera y Andrés Arauz sesionaron para manifestar su voluntad de constituir la fundación, según establece uno de los considerandos del acuerdo.

Propósito
Esta entidad tiene como objetivo “generar, promover y difundir investigaciones, análisis y estudios sobre la realidad política, económica y socio-local, nacional e internacional”.

A menos de dos años de su creación, el actual Gobierno dice que su “único fin es establecer acciones de pensamiento político”, en palabras de Iván Granda, secretario anticorrupción.

281
mil dólares habría recibido de parte de Maduro el instituto, según denuncia de Moreno. Como ejemplo, dijo, el año pasado financió a una ‘Misión Internacional de Observadores’, que actuó como veeduría durante la audiencia preparatoria de juicio en contra de Correa por el secuestro del político Fernando Balda.

Y no solo eso, sino que durante el encuentro de Prosur, en Chile, el presidente, Lenín Moreno, denunció que la institución habría recibido 281.000 dólares (915 millones de bolívares) del Gobierno de Nicolás Maduro, en 2018.

Por eso, ayer Granda entregó información a la Fiscalía para que investigara un presunto ilícito cometido en la entrega de fondos. Sin embargo, la Fiscalía respondió, en un comunicado, que la información proporcionada “no configura un indicio del cometimiento de un delito”; además de que, en caso de existiera un presunto delito, carecería de jurisdicción para intervenir.

Frente a la negativa de investigación, el Gobierno expresó su «sorpresa» frente al «tiempo récord» en el que fue descartada cualquier irregularidad relacionada al financiamiento de esta organización.

«Esperamos que sea la misma celeridad con la que se atiendan los más de trescientos casos de corrupción presentados desde la Contraloría General del Estado y que hoy reposan en la Fiscalía General», señala el comunicado.

A qué se dedica
Según las publicaciones de las redes sociales de la institución, porque su página web ya no está activa, el IPPE ha promocionado eventos en los que ha participado Correa y las entrevistas que realizó en el canal RT (Russia Today). También las declaraciones de los seis veedores, quienes cuestionaron el proceso judicial en contra de Correa.

EL DATO
El canciller, José Valencia, señaló que el análisis se hará siguiendo el debido proceso. En su última publicación, el viernes pasado, emitió un boletín diciendo que “cumple con los objetivos previstos en su estatuto”. Además de que el instituto realiza trabajos que “se ajustan a estándares de la más alta calidad”, que “no interviene en actividades político-partidistas de ninguna naturaleza” y que “cumple y respeta todas las disposiciones del ordenamiento jurídico, tributario y su actuación es apegada a derecho”.

Según el exasambleísta correísta Virgilio Hernández, el Ejecutivo se contradice. “Se han pasado años diciendo que Correa se ha llevado cientos de millones. Ahora dicen que requería, para desestabilizar al Gobierno, 200.000 dólares. Que se pongan de acuerdo en las mentiras”, dijo ayer al conocer que la Cancillería investiga lo que ha hecho la fundación. (AGO)

Directiva de la fundación
Cuando fue constituida

Gerente: Ernesto Rolando Carrera.
Director ejecutivo: Pabel Muñoz.
Presidente: Rafael Correa.