Consejo de Participación Ciudadana

Richard Salazar Medina

Previo a las elecciones seccionales y de los nuevos consejeros de Participación Ciudadana y Control Social, hubo gran debate sobre el voto nulo en las papeletas de candidatos para esta institución (43 en total), un pretendido cuarto poder del Estado según la Constitución de Montecristi.

Es conocido el oprobioso pasado de esta institución: elección de autoridades de control (Contralor, Fiscal, superintendentes, Judicatura, Defensor del Pueblo, entre otras) vía concursos amañados, poniendo en todos los cargos a aliados al gobierno del expresidente Correa. Ello facilitó no solo montar una estructura de corrupción sino la impunidad de sus actos.

Harto ha costado empezar a desmantelar la maraña institucional pro impunidad, tarea del propio Consejo de Participación transitorio, luego de la consulta del año pasado. Sus consejeros están a punto de dejar su cargo para posesionar a los electos.

El debate no ha concluido; al contrario, debe profundizarse. La participación ciudadana, por naturaleza, no puede ser parte del Estado. Surge de la sociedad civil organizada (organizaciones sociales de indígenas, trabajadores, estudiantes, etc.) y es fundamental para la democracia. Sin esa participación, las leyes y la sociedad misma difícilmente cambiarían.

Haberla propuesto como un poder del Estado fue no más que una bribonada del correísmo, para poner autoridades que garanticen su impunidad, maquillándola con argumentos seductores. Cual discurso populista que fue, hoy resulta indefendible. Se saben bien los resultados: la participación ciudadana desde el Estado es una falacia y un peligro para la democracia y la transparencia.

Hubo más del 22% de votos nulos y blancos otro 22%, lo cual deja clara la ilegitimidad de esta desventurada institución. No queda sino eliminarla, tanto por su naturaleza farsante como porque la participación ciudadana y los movimientos sociales son parte del necesario contrapeso al poder del Estado. Hacerla parte de él significa anular y manipular la voluntad popular, lo cual quedó claro durante el correísmo. Entonces, vivimos una democracia falaz, con más tintes de dictadura constitucional que de democracia republicana. Recoger firmas para un referéndum para su eliminación es un ejercicio ciudadano para la democracia.

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