Lista de la codicia

ABR, 21, 2019 | 00:15 - Por KLEVER MANTILLA

Kléber Mantilla Cisneros

La ciudadanía requiere que se publique la lista definitiva de Odebrecht con los detalles judiciales para determinar a los encubridores de delitos. Varias comisiones de altas autoridades viajan al Brasil, bajo el supuesto de traer un listado de personalidades que fueron sobornadas por esta constructora pero, hasta ahora, nada sobre indemnizaciones ni el esquema perverso de contratación pública aplicado durante el correato. Un secretismo y ocultamiento de evidencias es una pleitesía grosera desde hace doce años.

El suicidio del expresidente de Perú, Alan García, grafica la desesperación y el abismo de angustia que puede desencadenar el cometimiento sistemático de delitos. La delincuencia, cuando está acorralada, vuelve siniestro al sistema de justicia. De ahí, la importancia de investigar delitos, dictar condenas y recuperar activos de los saqueadores de fondos públicos con transparencia. En Perú, cuatro expresidentes enfrentan procesos judiciales; pero, uno, García, se llevó a la tumba la posible recuperación de dinero. República Dominicana, Panamá y Brasil ya firmaron acuerdos de reparación de daños. 

Ecuador sufre el azote de la impunidad reflejado en casos emblemáticos coyunturales: la muerte después de siete años del estudiante del Colegio Mejía, Édison Cosíos, agredido en unas marchas de protesta; el asesinato, sin un responsable, del grupo de periodistas de diario El Comercio; y, el enredo para la formulación de cargos al supuesto instigador y excanciller Ricardo Patiño. ¿Otra fuga anunciada?  

El caso Odebrecht cae en la alucinación cuando se inaugura el Metro de Quito o se tapan los montos de adjudicación del Poliducto Pascuales Cuenca a cargo de Petroecuador. Según ONU, el sobreprecio alcanzaría 125 por ciento del costo real. Similar al resto de hidroeléctricas construidas o el sobre precio por la venta de crudo. Algo que salpicó al exvicepresidente Jorge Glas pero aún sin recuperación por daños y perjuicios. La fiscal Diana Salazar tendrá que desclasificar el listado completo de la red de encubridores, pues la defraudación tributaria no puede ser una doctrina institucionalizada.


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