En el caso “arroz verde” existe una evidente responsabilidad y complicidad entre fiscales, jueces y políticos que por entonces actuaban y que, incluso algunos, eran “militantes aguerridos” del partido político de los principales involucrados. Intentar conocer, difundir y explicar lo que sucedió era entonces riesgoso, les traería tensiones, conflictos e inseguridad. Lo “políticamente correcto” era mirar para otro lado y quedarse callado.
El deterioro de la credibilidad de las instituciones no ha hecho más que incrementarse, a pesar de los esfuerzos por hacer funcionar eficientemente a la Fiscalía, de librar de temores a los jueces y de ganar algún terreno en materia de opinión pública favorable. Quizás dejando “descansar” al caso Odebrecht y prestando atención a los “coimadores” y beneficiarios locales, esa credibilidad se restablezca.
Una política de Estado contra la corrupción debería forjarse en un acuerdo entre partidos y movimientos políticos, así como de las instituciones más reconocidas y prestigiosas de la sociedad civil, incluyendo los medios de comunicación. Una política unificada, capaz de enfrentar el reto y avalada por normas legales para que no peligre con el cambio de régimen.
Se trata de una estrategia unificadora ante un común enemigo delincuencial. No es probable que el gobierno actual y los que vengan puedan por sí solos asumir esa responsabilidad y llevar adelante la tarea. Se abría así la posibilidad de una lucha común contra la violación solapada y sistemática de los principios básicos de convivencia que garantizan la Constitución y las leyes.
«Cuando rezamos hablamos con Dios, pero cuando leemos es Dios quien habla con nosotros”.
San Agustín
Obispo y filósofo (354-430)
«Los libros sólo tienen valor cuando conducen a la vida y le son útiles”.
Hermann Hesse
Escritor suizo, de origen alemán (1877-1962)