“Sobre la función de las Fuerzas Armadas, la Constitución es bien clara. Tiene que haber un estado de excepción para que intervengan en otras tareas que no sean las establecidas”, explica el contralmirante en servicio pasivo Aland Molestina, al analizar la medida actual que ha dispuesto el Ministerio del Interior para que los militares controlen los exteriores de las cárceles.
A pesar de que no está en contra de que se pongan en práctica estrategias como esta, ante la falta de seguridad en los centros de todo el país, la exautoridad opina que se saltaron un paso. Además, señala que no es una solución efectiva y que, por el contrario, si ocurre algún altercado, “los militares no van a estar protegidos por la Ley (…) e incluso podrían enfrentar procesos por cumplir funciones que no son las suyas”.
Molestina dice que el trabajo también se debe enfocar en quienes tienen roles al interior de las cárceles y no los están cumpliendo correctamente. Coincide con él Ricardo Camacho, especialista en seguridad, quien afirma que se debe crear una escuela especializada en la formación de guías, mejorar sus sueldos y formar a los directores de las cárceles para que tengan conocimientos adecuados.
“Nunca he escuchado ideas más descabelladas”, dice Camacho con respecto a la militarización de las cárceles. Recalca que la formación de los militares está enfocada en el combate al enemigo. Según él, es necesario mejorar la seguridad a través de otras medidas, como la colocación de cámaras en los centros en los que no hay y reinstitucionalizar el sistema.
Mala señal
Como una “mala señal” califica esta medida la directora de la Comisión Ecuménica de los Derechos Humanos (Cedhu), Elsie Monge. Para ella, las condiciones de hacinamiento y la violencia extrema no se pueden combatir con “más fuerza”. De acuerdo con su experiencia, dice que eso no resuelve nada y que no toca el fondo del problema que estarían vinculadas con la inoperancia de la Justicia y “el abuso de la prisión preventiva”.
EL DATO
Entre 2018 y lo que va de 2019, se han registrado 30 muertos. En ese punto, el jurista Ramiro Aguilar asegura que la primera pregunta que debería hacerse el Estado es si quiere tener presos a todos los delincuentes y seguir hacinando las cárceles, o puede poner medidas alternativas y solo encarcelar a los delincuentes más peligrosos.
El experto dice que ese es el punto de partida y que debe analizarse si los jueces están dictando prisión preventiva por cumplir con cuotas del Consejo de la Judicatura.
Con respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas, Aguilar menciona que no es lo más ortodoxo, pero que es lo único que queda en la situación actual. Sin embargo, opina que los militares se van a enfrentar a grandes problemas en el tema de control de ingreso, uno de esos, la requisa de drogas que podría desencadenar un síndrome de abstinencia y aumentar la violencia.
Sugiere que la intervención “paliativa” al interior de los centros es urgente y debe incluir un programa de rehabilitación del consumo y desarticulación de las bandas criminales que operan al interior.
Sistema quebrado
Las propuestas para que se capacite a los guías en protocolos y se les permita hacer carreras dignas no son nuevas. Johnny Cadena, quien fue agente penitenciario entre 2011 y 2016 cuenta que pasó por un proceso de selección y formación intensiva, le prometieron beneficios y estabilidad pero no cumplieron.
EL DATO
La capacidad de las cárceles de Ecuador es para 27 mil reos, pero son 41 mil.Comenta que las clases se enfocan en Derechos Humanos, defensa personal y uso de armas pero que en la vida real, eso no sirve. “Dicen que lo primero es hablarle al privado de la libertad, pero no se puede tratar con gente que ha sido condenada a 20, 25 años de prisión”, comenta.
Los sueldos de los funcionarios como él son menores a 600 dólares y menciona que hay jornadas hasta de 36 horas. La falta de personal también es una problemática y en los últimos meses.
Cadena y otras personas han presentado propuestas para que se analicen sus casos y puedan apoyar a contrarrestar la crisis reincorporándose a sus puestos. Él asegura que los malos elementos que han permitido el ingreso de objetos prohibidos son una mínima parte y que su gremio ha sido totalmente abandonado por muchísimos años. (PCV)
Fallecidos y disturbios
° Sobre el último altercado de este fin de semana en la cárcel de Turi, la Ministra del Interior, María Paula Romo, desmintió la información que se difundía en redes sociales con respecto al policía que actuó en la riña.
40%
de hacinamiento hay en las cárceles de Ecuador, según confirmó el vicepresidente, Otto Sonnenholzner. Aseguró que no está detenido y que la Policía Nacional tiene todo su respaldo. Según Ramiro García, subdecano de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central, en los casos de asesinato que se dan en el interior de la prisión, si están involucrados los presos se debe emprender una investigación específica e independiente al delito por el que hayan sido condenados, por lo que cabría una nueva pena que se debe cumplir inmediatamente. Debido a que los presos están bajo la custodia del Estado, se podría iniciar también un juicio de repetición en su contra.