“Nada queda oculto bajo el sol”. La justicia ordinaria investiga el ‘Arroz verde 502’ en el que hay dos procesadas con prisión preventiva, colaboradoras cercanas del anterior mandatario; incluso, una de ellas fue Vicepresidenta de la Corte Constitucional, jueza nominada y que obtuvo la nota perfecta. A pesar del adelanto de la tecnología, ¡vaya que no se puede creer en los concursos!

Según datos preliminares obtenidos por periodistas, con abundante respaldo documental, compañías internacionales -entre ellas Odebrecht,  así como empresas nacionales fueron beneficiarias de millonarios contratos adjudicados por el gobierno anterior; a cambio, éstas habrían entregado a favor de Alianza PAIS, un total de USD 11’600.000, entre 2013 y 2014, a manera de “aportes voluntarios”.

El nuevo escándalo de corrupción que se habría perpetrado desde altas esferas del gobierno de Correa involucra a varios de sus colaboradores, incluido un asambleísta en funciones. Surge la inquietud, si por cantidades inferiores recibidas, exmandatarios de Perú y Brasil están presos, ¿cuál va a ser el accionar de la justicia en nuestro país? En el proceso se ha dado el primer paso, pero la justicia sigue lenta y da la sensación de impunidad.

El Consejo Nacional Electoral ha decidido investigar las cuentas de Alianza PAIS por presunta doble contabilidad; cuanto antes se envíe la información a la Fiscalía y que pronto se pronuncie la Contraloría General del Estado, al tenor del inciso final del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, se podría enjuiciar por peculado -abuso de fondos públicos- cuya pena máxima llega hasta 13 años. Al momento los procesamientos penales son por otros presuntos delitos, con penas de 3 a 5 años.

La inobservancia a las leyes proviene de ciertas autoridades -a todo nivel- cuando son las llamadas a cumplir con la Constitución y combatir la corrupción, la falta de concientización ciudadana, la carencia de valores éticos, morales y cívicos favorece la evasión de la Ley. Por el bien del país, los culpables deben ser sancionados con todo rigor y se deben aumentar las penas en los delitos contra la administración pública.

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