Redacción QUITO
La Contraloría identificó varias presuntas irregularidades en los contratos de consultoría para los diseños, fiscalización y construcción de los proyectos del Consejo de la Judicatura (CJ) en 17 provincias. La institución realizó un examen especial, en el periodo entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2018.
Los resultados del examen fueron presentados la mañana de hoy en la Contraloría. La lectura del borrador de informe duró más de cinco horas.
El borrador de informe reúne información de contratos de consultorías para la construcción de unidades judiciales en terrenos que no pertenecían a la Judicatura, provocando retrasos en la entrega de los productos o la terminación de los contratos.
También consultorías incompletas y con inconsistencias, por lo que no fueron utilizadas. Otras que hicieron un mal dimensionamiento de la infraestructura, sin tomar en cuenta el número de funcionarios reales; como consecuencias, hay unidades que están abandonadas y sin uso.
Finalmente, demoras en la recepción y finiquito de contratos inclusive por más de cinco años, cuando los plazos establecidos eran de 60 días. Todas las consultorías se realizaron durante la declaratoria de emergencia del sistema judicial, emitida por el expresidente Rafael Correa.
Como resultado, el Consejo de la Judicatura pagó anticipos y montos totales para consultorías que tenían deficiencias.
El Dato
La Contraloría examinó obras en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Cañar, Loja, Azuay, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Morona Santiago, Pastaza, Zamora Chinchipe y Orellana.Así, por ejemplo, en los contratos para las unidades judiciales en cuatro cantones de Manabí (Manta, Montecristi, Santa Ana y Pichincha), el CJ pagó 292.301 dólares por productos con especificaciones técnicas incompletas y con un análisis de precios unitarios y presupuesto referencial con inconsistencias. De esa manera, únicamente la unidad de Pichincha fue realizada con los diseños contratados.
En el contrato de diseño y consultoría para el edificio judicial de Puerto Francisco de Orellana hubo una demora de 896 días para el cierre del contrato, mientras que en el de la Unidad Judicial El Ángel, 2.062 días de retraso para la liquidación del contrato.
En el caso del Complejo Judicial Norte, en Quito, la Contraloría halló que el terreno no pertenecía a la Judicatura y fue donado por el Ministerio del Interior. La regularización del predio tomó 580 días.
A esto se sumó un pago de 742.171,50 dólares por productos no aplicables, debido a estudios incompletos y con inconsistencias. Por ejemplo, el estudio de mecánica del suelo incluía dos subsuelos, mientras que el diseño arquitectónico, cuatro. También hubo rubros del presupuesto que no concordaban con los valores de los planos. Por lo que, esos estudios, «no sirvieron como insumo para ningún tipo de construcción». (AGO)