Prevención, institucionalidad y capacitación son parte de la propuesta.
Durante seis años, Alexandra Córdova ha buscado a su hijo, David Romo. Ayer, como una de las etapas cumbres de su búsqueda, presentó bajo el aval de la asambleísta Lourdes Cuesta (independiente) un proyecto de ley orgánica para la búsqueda, investigación y localización de personas desparecidas.
Con tono decidido y sin dejar una inflexión de la voz, Córdova aseguró que desde el Estado solo han conseguido los familiares de personas desaparecidas “suposiciones”.
“No hay una investigación responsable. Lo que necesitamos es que se contesten dos preguntas: ¿dónde están? y ¿qué pasó?”, dijo Córdova, quien desde enero de este año espera respuesta de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH) para que traten su caso.
El proyecto de ley es sencillo y ataca tres puntos: prevención, para que se creen políticas públicas en contra de la desaparición forzada; institucionalidad, para que se monte una Dirección Nacional de Personas Desaparecidas; y capacitación, o sea, que todos los agentes operativos de estas investigaciones: Policía nacional y Fiscalía, por ejemplo, sepan cómo actuar.
“El problema está en que en la etapa preprocesal solo se contempla la investigación a las desapariciones extorsivas, como los secuestros. Pero cuando es una desaparición forzada, se debe esperar un tiempo muy largo porque se cree que si no hay delito, qué investigo”, acotó Cuesta.
Otros proyectos
El 30 de abril de este año, la Comisión Ocasional para Personas Desaparecidas aprobó un primer informe para un proyecto de ley presentado por el exfiscal Paúl Pérez Reina, y está en la presidencia de la Asamblea Nacional para que se le coloque fecha de debate en el Pleno.
Sin embargo, dicho proyecto no cuenta con el apoyo de las asociaciones y organizaciones no gubernamentales que trabajan por los desaparecidos.
EL DATO
El agente policial Jorge Padilla y el asambleísta José Serrano deben dar declaraciones en torno al caso de la desaparición de David Romo.“Dicho proyecto de ley no tiene contenido humanitario. La Fiscalía no ha dado respuestas ágiles y oportunas para que se aplique justicia. Con este nuevo proyecto lo que queremos es frenar la impunidad que nos ha dado el Estado”, manifestó Néstor Salazar, representante de la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidas del Ecuador.
Además, dentro de la Comisión de Justicia, se aprobó la reforma dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) para la tipificación como delito de la desaparición forzada, figura que no existía y que ahora espera fecha para su segundo debate en el Pleno antes de ser aprobado.
“Este nuevo proyecto seguirá las rutas legislativas para su discusión: pasará por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), luego por una Comisión para su debate y después al Pleno. Si se aprueba alguna otra ley al respecto, pues se buscará complementar el texto”, concluyó Cuesta. (JDC)