Eduardo F. Naranjo C.
Esta columna y otros periodistas, tratamos anteriormente el asunto de la vida moderna encriptada en datos, que día a día vamos grabando con inocencia infantil en la tecnología electrónica, a la que gobiernos y otros sectores pueden tener acceso en cualquier momento. Los ecuatorianos vivimos desprotegidos del todo, por falta de normatividad legal.
Sin embargo, mencionamos antes el esfuerzo de la Dinardap por construir una norma, lo que les ha llevado más de un año consultando a diferentes sectores de expertos y usuarios. Su texto finalmente fue entregado al Mintel para que, una vez revisado, lo remita a la Presidencia para que si no hay observaciones se la envíe como proyecto de Estado a la Legislatura.
El objetivo final es que pueda aprobar y promulgar, con lo cual dejaremos de ser los últimos ciudadanos desprotegidos del mundo digital, ya que todos los países latinos se dispone de leyes sobre el tema. Si no hay torpes o interesadas acciones dispondremos de un cuerpo legal que posibilite el amparo.
Este hecho, uno de los pocos acertados de la operación gubernamental, es un paso clave para cualquier tipo de negociación con Europa, Asia y Norteamérica, pues al contar con una Ley de protección de datos personales, las condiciones serán más ventajosas.
La existencia de una ley tan esperada como ésta, a más de agilizar negociaciones nos permite proteger nuestros datos, haciendo que el ciudadano al menos tenga la posibilidad de demandar cuando sea vulnerado en su privacidad, cosa que frecuentemente ocurre en la actualidad, sin que haya forma de castigar a los delincuentes digitales que “filtran” o venden información al mejor postor, sin tener castigo alguno. La importancia del proyecto que tomó su tiempo, amerita su trámite urgente.