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Contraloría identifica más irregularidades en unidades judiciales

MAY, 24, 2019 |

EJECUCIÓN. En dos unidades judiciales de Ambato se determinó que se adjudicaron contratos sin cumplir con los requisitos de los términos de referencia.

La Contraloría realizó un segundo examen a los contratos de consultoría para los estudios y diseños de construcción de obra y de fiscalización ejecutados por el Consejo de la Judicatura de transición, durante la emergencia del sistema judicial decretada por el expresidente Rafael Correa, y llegó a 40 conclusiones de presuntas irregularidades. 

Ayer se realizó la lectura del borrador del informe, cuyo periodo analizado fue del primero de enero de 2012 al 28 de enero de 2019, a las unidades judiciales en Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza. 

El ente de control identificó que 15 unidades judiciales en esas provincias están subutilizadas, porque no se hizo un adecuado dimensionamiento de las necesidades de acuerdo al personal que lo iba a ocupar. Las unidades, según el borrador del informe, fueron diseñadas para un mayor número de personas. 

La respuesta de una de las exfuncionarias, ante esa observación, fue que se había pensado en que las necesidades de servicio se ampliarán, porque cada vez se requieren más servidores judiciales. Sin embargo, la Contraloría mantuvo su postura y concluyó que los directores generales conocieron que las unidades no eran completamente utilizadas y no tomaron acciones al respecto.
 

Otras conclusiones 
El borrador de informe establece que las ofertas de consultoría no fueron seleccionadas con base en criterios de calidad y costo, por lo que se recomendó la adjudicación de los contratos a profesionales que no justificaron su capacidad técnica y operativa. 

Además, que en los contratos se incluyeron gastos generales, como parte de los costos indirectos, cuando la Ley de Contratación Pública establece que los dos corresponden al mismo rubro, provocando el pago de 292 mil dólares. 

408
mil dólares se pagaron injustificadamente por productos que no cumplieron con el objeto de la contratación. 

La Judicatura también incurrió en otros pagos en exceso o injustificados: 2,9 millones de dólares por diferencias de precios unitarios entre los oferentes y los presupuestos del contrato; 52 mil dólares por rubros que no fueron ejecutados en tres unidades judiciales, y 383 mil porque en los términos de referencia se incluyeron valores por instalaciones y servicios provisionales que corren a cuenta del contratista. 

Tras los incrementos en las cantidades de obra y trabajos para finalizar los proyectos, los rubros adicionales se cancelaron mediante siete convenios de pago, sin la autorización del CJ, por 5,2 millones. Además, los contratistas entregaron garantías emitidas por entidades financieras no autorizadas, ocasionando que los anticipos y la ejecución de los trabajos no estén debidamente asegurados. 

Las personas señaladas en el borrador del informe tienen cinco días para presentar otros elementos de descargo, antes de que se emita el documento final. (AGO)

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